El general retirado John Kelly, designado a la cabeza del Departamento de Seguridad Interior, se convertirá en el tercer militar en integrar el gabinete del futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este exmarine de 66 años, es "la persona indicada para llevar a cabo la urgente misión de frenar la inmigración ilegal y mantener la seguridad de nuestras fronteras", estimó el mandatario electo en un comunicado.
John Kelly, que sucederá al demócrata Jeh Johnson, deberá asegurar el control de las fronteras exteriores de Estados Unidos, la inmigración y las naturalizaciones y tendrá bajo su órbita la seguridad interna. Entre 2012 y 2016 este oficial, que perdió a un hijo militar en Afganistán, dirigió al Comando Sur, la dependencia del ejército estadounidense encargada de América Latina. Como ocupante de ese puesto era responsable de la controvertida cárcel de Guantánamo, instalada en territorio de Cuba.
Esa experiencia "le aportó un conocimiento único de los desafíos a los cuales Estados Unidos se ve enfrentado a nivel de su frontera meridional", asegura el comunicado del equipo de transición de Donald Trump, quien basó gran parte de su campaña en la propuesta de una política dura en materia de inmigración.
"El pueblo estadounidense votó en esta elección en favor de frenar el terrorismo, recuperar la soberanía de nuestras fronteras y poner fin a la actitud políticamente correcta que rigió durante demasiado tiempo nuestra visión de la seguridad nacional", dijo a su vez John Kelly, citado en el comunicado.
Donald Trump ya había designado a otros dos generales retirados en su gabinete. Michael Flynn fue nombrado asesor en seguridad nacional, un cargo clave en la elaboración de la política exterior y de defensa de Estados Unidos, mientras James Mattis, otro exmarine, asumirá la conducción del Departamento de Defensa.
Mattis será el primer general en dirigir el Pentágono luego de George Marshall, nombrado en 1950 por el presidente Harry Truman.
La incorporación de tantos militares al futuro equipo de gobierno suscitó la preocupación de observadores que defienden el principio de un control civil sobre los cargos relacionados con la defensa y la seguridad interna.
