El ministro peruano de Justicia, Gustavo Adrianzén, destacó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no haya ordenado reparaciones económicas en el fallo contra el Estado de Perú en el caso sobre la presunta ejecución extrajudicial de miembros del Movimiento Revolucionario Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en 1997.
En una rueda de prensa, el ministro informó que el Gobierno fue notificado del fallo sobre el proceso abierto por la CIDH respecto a la presunta responsabilidad del Estado en la muerte de al menos tres de los 14 secuestradores del MRTA, durante el operativo de rescate de rehenes en 1997.
El ministro resaltó que la sentencia de la Corte no ordena ningún tipo de pago de reparación económica a favor de los familiares de las víctimas, lo cual fue rechazado por el mandatario, Ollanta Humala, hace unos días.
Adrianzén indicó que la sentencia sí establece una rehabilitación de salud para el hermano de "Tito", uno de los cabecillas del comando del MRTA que retuvo a 72 rehenes durante cuatro meses en la casa del embajador japonés, entre 1996 y 1997.
Asimismo, Adrianzén dijo que la Corte ha reconocido parcialmente la responsabilidad del Estado peruano, respecto al tiempo transcurrido sin haber encontrado un responsable en el caso del "emerretista" Tito, que fue visto con vida después del operativo militar de rescate por el exrehén japonés Hidetaka Ogura, según declaró en su momento.
La Corte ha pedido que continúen las investigaciones sobre esa muerte, indicó.
"En el caso de los delincuentes terroristas Herma Luz Meléndez Cueva, y Víctor Salomón Peceros Pedraza, la sentencia dice que no existen elementos para determinar responsabilidad internacional del Estado peruano", indicó el ministro de Justicia.
Adrianzén informó que la 58 Fiscalía Penal de Lima ha pedido una ampliación de investigación sobre el caso, para lo cual ha citado al exdiplomático Ogura, al militar Jesús Zamudio, y a los expolicías Raúl Robles y Marcial Torres para esclarecer la muerte de "Tito".
"La sentencia es enfática en afirmar que la operación fue destinada a la liberación de rehenes; no tuvo, por tanto, como propósito ir a matar delincuentes terroristas", resaltó el ministro peruano.
Humala declaró, el sábado pasado, a los medios locales que no permitirá que una sentencia haga pasar a los comandos Chavín de Huántar de héroes a villanos.
"No podemos aceptar que digan que son delincuentes. El Gobierno de Perú considera que los comandos ChavÍn de Huántar son gente valerosa que arriesgó su vida por el país y ha habido miembros de las Fuerzas Armadas que perdieron su vida como el coronel Juan Valer", recordó Humala.
El mandatario peruano aseguró que "diga lo que diga la CIDH", su Gobierno "no va a pagar ni un sol peruano a los terrucos (terroristas)".
El proceso en la CIDH fue planteado por las familias de los "emerretistas" muertos con el testimonio de Ogura, que dijo haber visto con vida a Tito, dado por fallecido en combate con los comandos militares.
El caso se remonta a diciembre de 1996, cuando 14 miembros del MRTA secuestraron a 72 personas en la residencia del embajador Morihisha Aoki, a quienes mantuvieron cautivas durante 126 días.
La operación Chavín de Huántar, autorizada por el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), permitió el rescate de 71 de los 72 rehenes con vida, mientras que fallecieron todos los miembros del MRTA.
