El gobierno del mandatario guatemalteco, Otto Pérez, quien sigue sin pronunciarse públicamente, se desmorona lentamente y se queda sin aliados, luego de ser acusado de encabezar junto a su exvicepresidenta, ahora detenida, una banda de defraudación aduanera. La indignación y reclamos de renuncia de la población y diferentes sectores se intensificaron el viernes, cuando la Fiscalía y una comisión de la ONU contra la impunidad en el país los acusaron de ser los cabecillas de esa estructura ilegal. Miles de guatemaltecos, agitando banderas nacionales, abarrotaron el sábado la plaza central de la capital para exigir la renuncia del presidente y celebrar la detención de la exvicepresidenta, quien había renunciado al cargo el pasado 8 de mayo, tras verse salpicada por el escándalo de corrupción. Según la investigación, las menciones de “el uno” y “la dos” en miles de escuchas telefónicas entre la estructura criminal corresponden al mandatario y a la vicepresidenta respectivamente. Es más, la fiscal general, Thelma Aldana, afirmó a un canal local que tienen grabaciones de diálogos entre el gobernante y miembros de esa estructura criminal y por ello presentaron en los tribunales un pedido de antejuicio contra el presidente para que enfrente a la justicia por los delitos de asociación lícita y cohecho pasivo.
Pese a la convulsión que vive el país, el jefe de Estado ha mantenido un completo hermetismo. Su vocero, el coronel Jorge Ortega, afirma sin embargo que el presidente no ha renunciado y continuará en el cargo hasta el 14 de enero cuando termine el mandato constitucional. Para el procurador de Derechos Humanos, Jorge de León, no existe otra salida a la crisis que la dimisión del presidente, porque “el sistema ya colapsó, nuestra democracia no da los resultados necesarios y este ya es un Estado fallido”. “Más importante que la renuncia será cómo salimos de esta vorágine de corrupción”, declaró a la prensa local. El mandatario, que hasta el viernes no había sido vinculado oficialmente a la mafia de las aduanas, comenzó a quedarse sin aliados luego de que la poderosa cúpula empresarial pidió por primera vez su renuncia y se incrementó el clamor popular para que abandone el puesto. El gremio empresarial, que había sido su aliado, hizo la petición “en aras de la gobernabilidad y la transparencia y con el afán de fortalecer la democracia y preservar la institucionalidad”. Además, sus ministros de Economía, Sergio de la Torre, y de Educación, Cynthia Del Águila, así como el comisionado para la Competitividad, Juan Carlos Paiz, cercanos a la cúpula empresarial, renunciaron a sus cargos el sábado al considerarse “decepcionados” por la supuesta participación de Pérez en el caso. Los tres viceministros de Economía también presentaron su dimisión irrevocable. Para el analista político independiente Luis Fernando Chávez, la renuncia de los dos ministros y el comisionado se traduce en la ruptura de la alianza con el sector privado. En tanto, el director del Instituto de Problemas Nacionales de la estatal Universidad de San Carlos, Edgar Gutiérrez, dijo que ahora el jefe de Estado enfrenta una presión mayor porque ya no es un señalamiento aislado, “pues lo identificaron como cabecilla de la estructura de defraudación”. Sin embargo, el analista político Phillip Chicolá va más allá al indicar al diario El Periódico que con la acusación le “ponen dos clavos finales en el ataúd del gobierno de Otto _ Pérez (..) porque ahora es un presidente de papel”.
