El gobierno y la oposición de Venezuela rompieron el miércoles las negociaciones que celebraban desde diciembre en Santo Domingo en busca de soluciones a la crisis política y económica de su país, luego de que el bloque opositor rechazara suscribir un borrador de acuerdo que fijaba en abril las elecciones presidenciales.
“Lamentablemente esta vez no pudimos llegar a un acuerdo, pero tenemos la esperanza de que las partes se puedan encontrar en Caracas” o vuelvan a Santo Domingo, explicó el presidente dominicano Danilo Medina tras recibir las observaciones de la opositora Mesa de la Unidad Democrática al borrador que ya había suscrito la víspera el representante del gobierno.
Medina, quien fungía como mediador con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, expresó su esperanza de que ambas partes vuelvan en el futuro a la mesa de la negociación, al considerar que “el resto es aventura”.
El fin aparente de las conversaciones ocurre tras un esperanzador avance ocurrido la semana pasada.
Medina recordó que en la última ronda de negociación, el 31 de enero, los únicos puntos que faltaban por resolver eran la fecha de elecciones presidenciales, la habilitación de partidos políticos y liberación de presos políticos.
Detalló que a través de un acercamiento celebrado en Caracas el lunes con la mediación Rodríguez Zapatero, esos temas habían quedado aparentemente zanjados.
Reveló que como el gobierno proponía celebrar comicios el 8 de marzo y la oposición demandaba el 10 de junio, se había acordado de manera verbal el 22 de abril como fecha intermedia.
Cuando ambas partes volvieron a encontrarse la víspera en Santo Domingo, la delegación del gobierno encabezada por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, firmó el documento que recogía los puntos de consenso y los acuerdos verbales y de inmediato regresó a Venezuela, mientras la oposición consideró que aún se necesitaban precisiones.
Julio Borges, coordinador del partido Primero Justicia y principal vocero de la delegación opositora, entregó el miércoles su propuesta a Medina y manifestó su molestia porque los representantes del gobierno se negaron a permanecer en Santo Domingo para recibir el documento.
Medina adelantó que enviará la propuesta de la oposición al gobierno venezolano, pero reconoció que “no tengo esperanzas de que van a responder”, pues ya se comunicó con el presidente Nicolás Maduro y éste le dijo que sólo firmará el documento que ya fue suscrito por su enviado.
Sin ofrecer mayores precisiones, Borges dijo que su propuesta es muy diferente al borrador, ya que no sólo incluye compromisos generales sobre las elecciones y otros temas, sino los mecanismos concretos para cumplir cada objetivo, como medidas para garantizar la transparencia y observación electoral y el acceso de los candidatos a los medios de comunicación.
Tras quedar congelado el diálogo entre ambas partes, Borges exigió al gobierno “que no cometa el paso absurdo de seguir convocando acciones unilaterales y elecciones unilaterales”.
El exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, explicó en Caracas a The Associated Press que “no hay acuerdo porque al gobierno le importa poco si la oposición participa en las elecciones o no”.
Según el dirigente, las autoridades “lo que quieren es aparentar que fueron relegitimados con los votos”.
El ministro Rodríguez había alegado la víspera que la firma del acuerdo se frustró luego de que la delegación opositora recibió una llamada de último momento desde Bogotá, donde se reunieron el martes el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson y el presidente Juan Manuel Santos.
Borges rechazó esa acusación. Las polémicas elecciones presidenciales, que el oficialismo espera realizar antes del 30 de abril, desencadenaron críticas internas y de la comunidad internacional tras ser convocadas por la Asamblea Constituyente, considerada ilegal por la oposición y dominada en su totalidad por partidarios del gobierno.
Mientras el Partido Socialista Unido de Venezuela formalizó la semana pasada la proclamación por unanimidad de Maduro como el candidato para la reelección, el Tribunal Superior de Justicia -aliado del gobierno- negó a la Mesa la posibilidad de participar con un candidato único y el Consejo Nacional Electoral dejó afuera de la contienda a varios líderes opositores y declaró ilegales a importantes colectivos.
Además del controvertido tema electoral, durante las negociaciones la Mesa exigía reformas al Consejo Nacional Electoral -controlado por el gobierno- , la creación de un canal humanitario para atender la grave escasez de alimentos y medicinas, la liberación de todos los presos políticos y restaurar las atribuciones de la Asamblea Legislativa, que cuenta con mayoría opositora.
El gobierno demandaba que la oposición reconozca a la Asamblea Constituyente y el repudio a las sanciones económicas internacionales.
