El gobierno del expresidente Ricardo Martinelli no dejó huellas de la relación que se fraguó entre el Estado panameño y el abogado italiano Franco Coppi.
Según una nota emitida por la Cancillería en la pasada administración, el anterior embajador panameño en Italia, Guido Martinelli Jr., primo del exmandatario, fue instruido para contratar a Coppi con el fin de representar en Italia los “intereses del Estado panameño” en los casos por corrupción internacional en Panamá.
El contrato comprometió a Coppi, histórico defensor de Silvio Berlusconi, a entregar a la Embajada de Panamá en Italia un informe mensual en el que se detallaran los avances de las investigaciones, pero cuando el nuevo embajador, Fernando Berguido, se dispuso a buscar los reportes no encontró nada.
Ayer el Gobierno de Panamá publicó en Gaceta Oficial íntegramente el borrador del acuerdo logrado con Finmeccanica tras las diferencias legales surgidas por contratos millonarios.
El 23 de febrero pasado el Gabinete aprobó el borrador del acuerdo y lo envió a la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, quien deberá ahora emitir concepto favorable.
EL DESPOJO DE LOS INTERESES DE PANAMÁ EN ITALIA
Los fiscales italianos iniciaron a mediados de 2011 una compleja investigación sobre el desvío de millones de dólares en coimas previstas en las adjudicaciones de las empresas italianas Svemark, Selex, Telespazio y AgustaWestland por parte del anterior gobierno de Panamá.
Hoy, el principal imputado en Italia, Valter Lavítola, en la cárcel de Poggioreale (Nápoles), ha sido condenado a 3 años y 11 meses por corrupción internacional y por extorsión, y tiene pendiente con la justicia –al menos– otros dos procesos penales relacionados con Panamá.
En abril de 2012, luego del arresto de Lavítola, el entonces ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, ahora imputado por peculado en su mediación en el contrato de compra de 19 radares a Selex, filial de Finmeccanica, viajó a Roma. En rueda de prensa afirmó que “había exigido al Gobierno italiano que aclarara que no hubo ningún tipo de corrupción” en los contratos de Finmeccanica.
Preguntado en aquella ocasión sobre las “comisiones” en favor de una sociedad denominada Agafia Corp, Mulino respondió que ese era “un problema entre italianos”, a pesar de que los pagos que recibiría la empresa provenían de los desembolsos que Panamá le haría a las filiales de Finmeccanica.
Ese día, por boca del exministro, se supo también que Panamá había contratado los servicios del abogado italiano Franco Coppi.
De acuerdo con una nota emitida por el Ministerio de Exteriores ese mismo mes, el anterior embajador panameño en Italia, Guido Martinelli Jr., primo de Ricardo Martinelli, fue instruido para contratar a Coppi con el fin de representar en Italia los “intereses del Estado panameño” en los casos por corrupción internacional en Panamá.
El contrato comprometió a Coppi, histórico defensor de Silvio Berlusconi, a entregar a la Embajada de Panamá en Italia, al menos, un informe mensual en español detallando los avances de las investigaciones así como las posibles implicaciones de los funcionarios panameños.
Sin embargo, cuando el nuevo embajador, Fernando Berguido, se dispuso a buscar los reportes del abogado italiano en los archivos de la sede diplomática de Panamá en Italia no encontró nada. Ni siquiera apareció el contrato suscrito entre el anterior gobierno de Panamá y el representante legal italiano.
Tampoco había rastro en la sede diplomática de algún documento judicial que hiciera referencia a los graves casos que se seguían en Italia y que involucraban a funcionarios panameños ni a los problemas con las compras a Finmeccanica.
Como declaró recién asumió el cargo, en noviembre de 2014, “son probablemente los casos más importantes y delicados que haya atendido esta embajada en su historia y aquí no había un solo expediente donde reposara la documentación oficial”, dijo Berguido.
El misterio de la relación contractual con el abogado contratado por el Estado se agravó al constatar que el despacho legal italiano brilló por su ausencia en un momento clave para Panamá.
Los intereses del Estado panameño quedaron totalmente abandonados a su suerte cuando Panamá perdió su oportunidad de constituirse como parte civil en el juicio que por corrupción en las adjudicaciones a Finmeccanica se seguía en Roma.
Del 3 al 7 de junio de 2014, apenas pasaron las elecciones, la procuradora Ana Belfon envió una delegación del Ministerio Público a Italia con el fin de “sostener reuniones con autoridades italianas referentes a sumarios por la presunta comisión de delitos de corrupción en donde se menciona a nuestro país”.
Al regresar, el Secretario General de la Procuraduría, Ramsés Barrera, y la fiscal Greta Marchosky reportaron que el fiscal italiano les había dicho que “si la República de Panamá estaba interesada en convertirse en parte civil del proceso contra Finmeccanica, tendría que hacerlo antes del 27 de junio de 2014”.Ramsés Barrera encabeza hoy en día el equipo legal que defiende al exministro Mulino.
A pesar de las graves acusaciones que por corrupción se seguían en Italia, y de toda la cobertura noticiosa recibida ese año, la República de Panamá no se había constituido en parte del proceso por soborno internacional al que tenía derecho a concurrir como parte perjudicada.
La procuradora Belfon informó inmediatamente del plazo fatal al presidente Martinelli y al canciller Francisco Álvarez de Soto.
El 27 de junio de 2014 era el último día de audiencias preliminares antes de la apertura del juicio oral que imputaba a Valter Lavítola y al ex director comercial de Finmeccanica Paolo Pozzessere por la compra en parte corrupta de los equipos de seguridad a las filiales del conglomerado italiano.
Faltaban tres días para el cambio de gobierno. Cuando se inició la audiencia, la representación legal de Panamá, presente en el juicio, guardó silencio. Ese día Panamá perdió la oportunidad de ser parte civil en el proceso ante el tribunal de Roma. ¿Pero quién fue el último responsable? ¿Hubo negligencia de los abogados italianos o se trató de un acto deliberado de parte de los funcionarios panameños?
Abogado histórico de Silvio
El anterior gobierno de Panamá contrató a Franco Coppi para defender los intereses del país en los procesos que se seguían en Italia. Sin embargo, Panamá no podrá reclamar un resarcimiento económico por los daños sufridos por Finmeccanica en el juicio contra Valter Lavítola por las comisiones ocultas que alcanzarían los 25 millones de dólares en compras a la empresa italiana.
Para ello, el estudio legal de Coppi debió haber formalizado su intención de constituirse como parte civil en el proceso que se le sigue a Lavítola antes del 27 de junio de 2014, cuando comenzó el juicio oral.
La Prensa tuvo la oportunidad de preguntarle a Coppi por qué actuó de manera negligente, perjudicando los intereses de los panameños, pese a que había un abogado de su estudio presente en la audiencia en Roma ese día. Coppi se limitó a decir que la administración de Martinelli solo le había pedido que “siguiera el proceso”.
