Los partidos de derecha en el poder en Islandia, afectados por el escándalo de la firma panameña Mossack Fonseca –que hizo caer al Primer Ministro– nombraron el miércoles al ministro de Agricultura nuevo jefe de Gobierno, y éste convocó a elecciones legislativas anticipadas.
Según el acuerdo entre el Partido del Progreso y el Partido de la Independencia, Sigurdur Ingi Johannsson, de 53 años, reemplaza a Sigmundur David Gunnlaugsson, anunció en el Parlamento un diputado de la mayoría, Höskuldur Thorhallsson.
“Vamos a continuar trabajando conjuntamente. Esperamos que esta decisión sea un aporte a la estabilidad política”, dijo el nuevo primer ministro en el Parlamento.
“Estamos previendo organizar elecciones este otoño”, o sea con medio año de anticipación sobre la fecha original. En cuanto al jefe de Gobierno renunciante, provisionalmente conservará la presidencia del Partido del Progreso. La situación de Gunnlaugsson se volvió insostenible tras el escándalo internacional que mostró que su esposa –una rica heredera– tendría control sobre una sociedad basada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, informó AFP.
Entretanto, manifestantes en Islandia planeaban nuevas protestas ayer después de que renunció el primer ministro. Los manifestantes planeaban reunirse frente al Parlamento en el tercer día consecutivo de movilizaciones para pedir un nuevo gobierno.
ALLANAN SEDE DE UEFA
El fútbol no ha escapado al escándalo. La Policía suiza allanó este miércoles la sede del órgano rector del fútbol europeo, la UEFA, en Nyon, para reunir información sobre un contrato firmado por el exfuncionario de la institución Gianni Infantino, ahora presidente de la FIFA, que fue filtrado en los documentos de la firma panameña Mossack Fonseca, informaron las agencias internacionales.
La Fiscalía suiza dijo que el allanamiento es parte de “procedimientos penales en curso” y se realizó debido a “sospechas de administración delictiva y ...malversación”. Aclaró que no apunta a un individuo en particular.
Según reportes publicados el martes, la UEFA vendió derechos de transmisión de partidos de la Liga de Campeones del período 2006-2009 a los empresarios argentinos Hugo y Mariano Jinkis, que supuestamente los revendieron a la emisora ecuatoriana Teleamazonas, por una cifra tres veces mayor a la que pagaron. La UEFA confirmó que Infantino, presidente de la FIFA desde febrero, fue uno de los dos funcionarios que firmaron el contrato, pero negó que se haya cometido un delito.
Hugo y Mariano Jinkis fueron acusados el año pasado por Estados Unidos, junto con decenas de dirigentes del fútbol y ejecutivos relacionados en el mayor escándalo de corrupción en la historia de la FIFA.
El escándalo también hizo renunciar al presidente del Peñarol Juan Pedro Damiani a su cargo en la comisión de ética de la FIFA, tras ser involucrado en el escándalo.
“En los últimos días se buscó mancillar mi buen nombre y reputación, la de la firma que integro y la de los profesionales que trabajan con ella con versiones sin fundamento, que intentaron poner en duda mi comportamiento ético. No le haría bien a la FIFA y a este Comité, ni a la transparencia por la que tanto he bregado en el fútbol, si no diera un paso al costado ante la más mínima sospecha, por infundada que sea, respecto a la forma que he procedido”, dijo Damiani en su carta de renuncia, a la que tuvo acceso la agencia de noticias The Associated Press.
ABREN INVESTIGACIONES EN VARIOS PAÍSES
En México, las autoridades tributarias investigan a 33 personas mencionadas como supuestos beneficiarios de operaciones en paraísos fiscales, tras la filtración de documentos de la firma Mossack Fonseca.
El jefe del Servicio de Administración Tributaria de México, Aristóteles Núñez, dijo en Radio Fórmula que algunas de las personas ya eran sujetas a investigaciones, aunque declinó dar nombres o sugerir si habrían incurrido en alguna ilegalidad.
Las autoridades han señalado que realizar operaciones financieras en esos lugares no es necesariamente ilegal, pero tienen que reportarlas en sus declaraciones fiscales en México.
En México fueron mencionados, sobre todo, empresarios, incluido Juan Armando Hinojosa Cantú, vinculado al presidente Enrique Peña Nieto y quien ha estado en el centro de las críticas por ser propietario de una mansión que adquirió la primera dama hace unos años y que generó una investigación por posible conflicto de interés.
El portal Aristegui Noticias, que tuvo acceso a los documentos de Mossack Fonseca, señaló el fin de semana que, justo cuando Hinojosa estaba en el ojo del huracán por la polémica de la mansión, habría ocultado unos 100 millones de dólares en paraísos fiscales. El empresario no ha hecho ningún pronunciamiento tras las filtraciones.
A su vez, el Ministerio Público de Costa Rica ordenó a varias de sus unidades especializadas examinar con detalle las menciones que se hacen de costarricenses en el escándalo internacional, a fin de valorar posibles acciones penales por evasión fiscal.
“La directriz establece que la Fiscalía trabaje en una coordinación directa con las autoridades de Hacienda, a efectos de definir las acciones correspondientes, al amparo de la Constitución Política y las leyes de Costa Rica”, señala un comunicado oficial.
Paralelamente, una comisión interinstitucional permanente que incluye al Ministerio Público, la Policía Judicial y autoridades del Ministerio de Hacienda, fue convocada para la próxima semana con el propósito de “definir una línea conjunta de acciones”, señaló la Fiscalía.
De existir “insumos” que lo justifiquen, se ordenará “la apertura formal de causas penales por presuntas conductas evasoras en perjuicio del fisco costarricense”, señaló la Fiscalía, sin mencionar posibles afectados.
El martes, el Ministerio de Hacienda anunció también que abriría investigaciones para determinar si algunos de los costarricenses mencionados en la investigación periodística han incurrido en eventuales delitos de evasión fiscal.
El Gobierno costarricense ha aprovechado el escándalo mundial en torno a esta filtración para insistir en la necesidad de que el Congreso apruebe una serie de leyes de reforma tributaria, tendientes a aumentar la recaudación y a controlar las conductas evasoras.
Una de esas leyes plantea la creación de un registro de socios y de beneficiarios finales de los beneficios generados por las sociedades anónimas, una propuesta que ha generado reticencia en medios empresariales y políticos, indicó AFP.
En El Salvador, las autoridades también iniciaron una investigación para determinar si los salvadoreños que crearon empresas offshore mencionados en la documentación de la firma Mossack Fonseca incurrieron en delitos, anunció la entidad este miércoles.
“La investigación, anunció, se ha iniciado y vamos hacer las diligencias correspondientes”, declaró en rueda de prensa el titular de la Fiscalía General de la República, Douglas Meléndez, informó AFP.
El diario digital El Faro publicó el domingo que “más de 220 empresas offshore habían sido creadas bajo la sombrilla de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca, que entre 2000 y 2015 trabajó con, al menos, 33 clientes salvadoreños” para realizar transacciones.
Las empresas habrían sido creadas para “garantizar el anonimato de sus propietarios”, según El Faro, serían usadas para efectuar transacciones de cientos de miles de dólares, compra de inmuebles en El Salvador o celebrar convenios con municipalidades salvadoreñas”, pero “todo fuera del radar de las autoridades locales”.
Para allanar la investigación, el fiscal adelantó que ya sostuvo comunicación con el superintendente del sistema financiero, Ricardo Perdomo, y se reunirá con el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, para “hacer las diligencias que correspondan”.
“Dentro de esta investigación, obviamente, lo primero es determinar si se han cometido delitos”, subrayó.
En Francia, el ministro de Finanzas, Michel Sapin, dijo este miércoles que interrogó al titular del banco Societe Generale (SocGen) sobre sus antecedentes en la creación de compañías fantasma y de abrir cuentas de sus clientes en Panamá.
SocGen fue ubicado esta semana en cuarto lugar en una lista de bancos internacionales que crean compañías fantasmas en Panamá desde la década de 1990, con un total de 979.
La lista estuvo basada en documentos filtrados de Mossack Fonseca, que mostraron posibles acciones fiscales ilegales, usando estructuras de compañías offshore.
“Lo que es importante para mí [...] es qué pasó en los últimos años, por ejemplo, ¿Societe Generale –a través de una afiliada o por sí misma– abrió cuentas offshore y compañías fantasma con el objetivo de ocultar algo?”, dijo Sapin a RadioEurope 1.
“Y, en particular, para ocultar dinero con el fin de evadir impuestos [...] Le dije que quiero que todo se ponga sobre la mesa”, agregó.
SocGen, uno de los tres principales bancos de Francia, liderado por el presidente ejecutivo Frederic Oudea y el presidente Lorenzo Bini Smaghi, dijo el lunes pasado que se había ajustado a todas las reglas de los países en los que opera y que era proactivo en el combate al fraude fiscal.
Sapin dijo al diario Le Monde que la autoridad pública francesa podría realizar investigaciones en Francia y en afiliadas de Societe Generale en Luxemburgo. Francia presionará al foro del G20 de potencias económicas globales para que se impongan sanciones financieras contra jurisdicciones que no compartan información en la lucha contra la evasión fiscal, dijo Sapin.
En Berlín, Alemania, el presidente de Ucrania se sumó a la larga lista de políticos destacados que niegan haber cometido delito, después que su nombre apareció vinculado con cuentas extraterritoriales gestionadas por Mossack Fonseca.
Las revelaciones han generado sospechas de que esas entidades extraterritoriales fueron creadas para evadir impuestos, pero Petro Poroshenko negó que ese fuera su propósito. Sostuvo que fue necesario crear un holding en el extranjero para colocar su fábrica de golosinas en fideicomiso ciego cuando asumió la presidencia en 2014.
