En el marco de una operación regional contra las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, El Salvador logró el martes la captura de más de 340 miembros de estas estructuras criminales. La operación denominada Escudo Regional III fue ejecutada simultáneamente en coordinación con los ministerios públicos de Honduras y Guatemala.
Los tres países forman el llamado Triángulo Norte.
“Con esta operación (en El Salvador) se están resolviendo 62 casos de homicidios, siete feminicidios, 62 casos de extorsión, entre otros ilícitos”, informó en conferencia de prensa Álvaro Rodríguez, coordinador nacional de delitos de extorsión de la fiscalía salvadoreña. Rodríguez agregó que en esta nueva acción contra las pandillas se impactó a diversas estructuras terroristas en siete de los 14 departamentos del país en los que se giraron 501 órdenes de captura.
Asimismo, confirmó la captura de dos de los principales cabecillas de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha.
Rodríguez detalló que desarticularon una estructura de Barrio 18 que extorsionaba a los comerciantes en el mercado de mayoreo conocido como La Tiendona, en la capital. Esta estructura criminal “estaba recolectado 50 mil dólares mensuales, estamos hablando de 600 mil dólares al año”.
Según las investigaciones, recolectado el dinero producto de la extorsión, el pandillero identificado como Marlon Salvador, alias “Sayco”, tenía un ingreso personal aproximado de 16 mil dólares mensuales. Las autoridades dijeron que este cabecilla de las pandillas y varios de sus familiares así como otros 53 detenidos identificados como miembros o colaboradores tenían puestos de venta en el mercado de mayoreo para lavar el dinero producto de la extorsiones.
Las autoridades dijeron que se ha descubierto que las pandillas también estarían ordenando homicidios para que se cometan no solo en Guatemala y Honduras, sino que también en la costa este de Estados Unidos.
En El Salvador, considerado uno de los países más violentos del mundo, las pandillas establecidas en barrios y comunidades populosas están integradas por más de 67 mil jóvenes y adultos, mientras que más de 15 mil están en las cárceles. Según las autoridades están involucrados en la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.
En el caso de Honduras, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida encabezó la persecución de criminales vinculados en delitos como asesinato, homicidio en su grado de tentativa, robo agravado, robo de vehículo agravado, adquisición de vehículo robado, y uso ilegal de armas prohibidas, portación ilegal de arma de fuego comercial y asociación ilícita. Sin embargo, el Ministerio Público no informó de capturas.
Las acusaciones vinculan directamente a la pandilla Barrio 18 en al menos 14 muertes violentas cometidas en la capital hondureña y en prejuicio de menores de edad, mujeres, grupos vulnerables y de otros miembros de organizaciones criminales. De acuerdo con las investigaciones, todos los crímenes y actos de sicarito se perpetraron entre noviembre de 2015 y noviembre de 2016 bajo la organización, planificación, ejecución y con logística proporcionada por la pandilla Barrio 18, actuando con las reglas definidas por este grupo criminal.
En Guatemala la fiscalía contra las extorsiones y las fuerzas de seguridad encabezaron 88 allanamientos en 11 departamentos del país para golpear a integrantes de Barrio 18 y a un grupo criminal conocido como “Imitadores” (que se hacen pasar por pandilleros para cobrar), sospechosos de extorsionar a comerciantes, empresarios del transporte urbano y extraurbano, taxistas y mototaxistas.
La policía nacional civil reportó la captura de 46 presuntos delincuentes que según las investigaciones han acumulado más de 48.000 dólares producto de las extorsiones. Los delincuentes operaban a través de llamadas o mensajes telefónicos en los que amenazaban de muerte a las víctimas si no cumplían con sus exigencias. Las víctimas realizaban los pagos por medio de depósitos bancarios de forma semanal, quincenal o mensual para evitar que los mataran.
Entretanto los fiscales generales de Guatemala y El Salvador, junto con el director general de fiscales de Honduras, reunidos el martes en la capital guatemalteca, suscribieron un acuerdo para promover la persecución penal regional y la coordinación de operativos conjuntos para el combate al crimen organizado.
También acordaron definir mecanismos de intercambio de información rápida para luchar contra la criminalidad trasnacional de acuerdo con la normativa internacional y nacional vigente de cada país.
