La fiscalía guatemalteca solicitó que se le retire la inmunidad al principal asesor de Jimmy Morales presidente electo de Guatemala, por estar relacionado a violaciones a los derechos humanos durante la guerra en el país entre 1960 y 1996).
El asesor Edgar Justino Ovalle también es el jefe de bancada de los 11 diputados del partido Fuerza de Convergencia Nacional, que llevó a Morales a la presidencia y uno de los principales fundadores del partido. Morales asumirá el 14 de enero.
Según la fiscalía, Ovalle estaría vinculado a desapariciones forzosas, violaciones a los derechos humanos, ocurridas en el marco de la guerra, especialmente en el destacamento militar ubicado en Cobán Alta Verapaz, al norte del país, donde estuvo destacado. El retiro de la inmunidad permitiría que sea investigado.
En el destacamento militar de Cobán, donde hoy día funciona un centro de adiestramiento militar para operaciones de paz de Naciones Unidas y donde fue el centro de reclusión de varios de los detenidos, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala ha logrado recuperar restos de 534 personas que fueron enterradas en el lugar luego de ser asesinadas por soldados, entre ellas niños y niñas indígenas de las etnias achí, pocomchí, queqchí, kiché y ladinos.
La fiscalía guatemalteca también confirmó el miércoles la detención de otros 14 militares retirados señalados de violaciones a los derechos humanos durante la guerra.
Las detenciones son relacionadas a dos masacres y a la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Thiessen.
Entre los militares se encuentra Benedicto Lucas García, hermano y ex jefe del Estado Mayor del ex presidente Romeo Lucas García (1978- 1982) ya fallecido. Durante su gobierno se ha documentado la muerte de cientos de personas.
Al ser llevado a los tribunales de justicia para conocer de su acusación Lucas dijo a periodistas "Si maté, maté en combate, dando frente a mi tropa y no como cobarde ni nada por el estilo".
También fue detenido el general retirado Francisco Luis Gordillo, quien perteneció al triunvirato en el cual el ex dictador José Efraín Ríos Montt (1982-1983) época durante la cual se cometieron las peores masacres en la historia del país, según informes de Comisiones de Naciones Unidas.
Otro de los apresados es Byron Barrientos, ex ministro de gobernación de Alfonso Portillo (2000-2004).
Thelma Aldana, Fiscal general y jefa del Ministerio Público dijo en conferencia de prensa que las masacres de que se les acusan eran contra población civil.
"Los casos que hemos documentado, son contra población civil no combatiente, entre ellos niños", eran una "de las mayores desapariciones forzadas en América Latina", dijo.
Aldana argumentó que las detenciones son consecuencia de otro proceso previo en el que un juzgado habría ordenado a la fiscalía continuar con las investigaciones por una masacre."Inicia a partir de una sentencia emitida por el tribunal de Mayor Riesgo en el año 2012", dijo Aldana.
Se refiere a la condena de dos militares a 7 mil 710 años de prisión, por la muerte de cientos de personas en la masacre conocida como Plan de Sánchez, en Rabinal, Baja Verapaz, ocurrida entre mayo y julio 1982, cuando tropas del ejército y ex patrulleros de autodefensa civil irrumpieron en la comunidad abusaron sexualmente de las mujeres, torturaron y asesinaron a pobladores.
La fiscalía confirmó que las detenciones son por los delitos de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad.
En imágenes obtenidas por varios medios de comunicación se puede ver a los militares esposados y arrestados en sus casas, algunos llorando y reclamando que su trabajo durante la guerra solo fue combatir a las guerrillas guatemaltecas.
El fiscal Orlando López explicó que las investigaciones abarcan desde los años 1981 hasta 1988, y que alcanzaría a los presidentes de entonces, todos militares, pero que en el caso de Lucas García ya estaba fallecido, y en los casos del ex dictador José Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejía Víctores, ya un tribunal los ha declarado incompetentes mentales, por lo que no se iniciarán acciones en su contra.
Un informe de Naciones Unidas indicó que unas 245 mil personas murieron o desaparecieron durante el conflicto armado (1960-1996). Señaló que un 97% de las muertes fue responsabilidad del ejército y grupos paramilitares.
