Guatemala vive hoy una nueva crisis institucional a lo más alto del gobierno. El Ejecutivo de Jimmy Morales, quien ganó las elecciones presidenciales en octubre de 2015 y asumió la jefatura del gobierno en enero de 2016 con un discurso de lucha anticorrupción, rompió la gobernabilidad del país el pasado domingo 27 de agosto, cuando con un breve mensaje a la nación anunció su decisión de declarar no grato al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, y ordenó su expulsión del país, una medida que mantuvo a pesar de que la Corte de Constitucionalidad suspendió la expulsión, al admitir sendos amparos presentados contra la resolución expedida por el mandatario.
Manfredo Marroquín es el presidente de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, y no duda en señalar que la decisión de Morales fue errada, tanto en términos políticos como legales. También está convencido de que la motivación de la decisión es personal y no basada en los más altos intereses del país, como afirmó el presidente al explicar las razones que lo llevaron a tomar la decisión de expulsar a Velásquez.
Marroquín señaló en una columna ayer que "el gobierno siguió en la misma ruta de colisión que los anteriores tomaron, contravía a las expectativas ciudadanas, y ahora está llegando a la orilla del precipicio a velocidad tope y sin frenos", y que "no se entiende en ciertas élites que ya no es posible seguir gobernando el país con base en decisiones que no toman en cuenta el conjunto de intereses que se verán afectados por las decisiones que se toman".
Hoy, 29 de agosto de 2017, en conversación con este medio, Marroquín, presidente de la junta directiva de esta organización que lleva 20 años trabajando en la lucha anticorrupción de Guatemala, analiza la crisis política que afronta la nación.
- ¿Cómo evalúan los argumentos del Ejecutivo de declarar no grato y pedir la salida del comisionado Iván Velásquez?
Son argumentos que no compartimos la mayoría de los guatemaltecos, creemos que el presidente está actuando con base en intereses muy personales que no representan los intereses de la nación, y por eso ya tiene amparos, ya tiene solicitudes de antejuicio, porque hay una reacción muy fuerte por esta decisión que ha tomado el presidente y que ni siquiera su Gabinete comparte -porque hay varias renuncias y despidos en el Gabinete-. El presidente está muy solo en esta decisión y lo más probable es que se siga quedando más solo porque la comunidad internacional se ha expresado decididamente en contra de ella. Realmente es una pena que un presidente tenga que ir contracorriente de todo un pueblo.
- ¿Cuando el presidente Morales dice que el señor Velásquez se habría extralimitado en sus funciones, tiene algo de fundamento esta aseveración?
Ninguna. El mismo presidente presentó el paquete de reformas que ahora él acusa a Iván Velásquez de querer imponerlas en el Congreso. Además, si él creía eso tuvo que haber hecho esa solicitud de expulsión cuando se estaba dando ese tema hace varios meses, no ahora cuando ya se encuentra él encausado por varios delitos y su familia también, y su partido [FCN-NACIÓN] por parte de la Cicig. Entonces, más bien se lee como una reacción, una vendeta a la investigación que hay en su contra.
- ¿Qué panorama se abre por la decisión tomada por la Corte Constitucional? Hay hoy otras solicitudes de antejuicio que se han interpuesto con argumentos como que al haber desconocido el amparo de la Corte de Constitucionalidad el presidente se habría puesto en desacato. ¿Cómo se analizan estos aspectos legales?
Creo que el presidente dio un salto al vacío, políticamente y legalmente hablando. El presidente tiene que acatar la orden de la Corte de Constitucionalidad, que es un fallo provisional, lo cual deja sin efecto la acción de expulsión del comisionado. Ahora toca ver si lo confirma en sentencia definitiva en las próximas horas [la Corte]. El presidente ya no tiene que insistir en eso, si él insistiera queda en desacato y probablemente la Corte de Constitucionalidad emitiría una sentencia separándolo del cargo por estar en violación a la Constitución.
- ¿Para esa decisión que eventualmente podría tomar la Corte de Constitucionalidad, no se requeriría un proceso de antejuicio?
No, porque esa sería una violación flagrante del presidente, no necesita pasar por un proceso de antejuicio porque la está cometiendo a la luz del día y frente a todo mundo; se podría hacer inmediatamente.
- ¿Cómo evalúan ustedes la crisis en este momento. Cómo está Guatemala en medio de toda la lucha anticorrupción y de todo el papel que venían jugando la Cicig y el Ministerio Público?
El gran tema es que hay un gran temor en todas las élites del país por las investigaciones que está desarrollando la Cicig, porque ya hay muchas personas -no digamos en el sector público [donde hay] 40 diputados procesados, 4 miembros de la Corte Suprema, Gabinetes enteros en prisión, un expresidente, una vicepresidenta-, [sino también] empresarios, empresas grandes, y las investigaciones que ha logrado desarrollar la Cicig no son ni el 5% de lo que viene. Entonces, lo que hay es un gran temor a que sigan las investigaciones y a que prácticamente todos los sectores que han controlado y dominado el país se vean involucrados, y por eso hay una intención manifiesta de muchos poderes, incluidos el Congreso, el Ejecutivo y el Judicial, de echar primero a Iván Velásquez y después ver cómo hacen el segundo paso, que sería cerrar la Cicig.
- ¿Usted cree que la ciudadanía guatemalteca está lista para la lucha que se está abriendo? ¿Empezaron a protestar como en 2015, pero en medio de todo lo que usted y el Ministerio Público dicen, que es una lucha del crimen organizado contra el grupo que trata de hacer a un lado la corrupción podrán continuar?
No va a ser igual que en 2015 porque hay mucha desinformación, en las redes sociales se mete mucho miedo a la población de que es una campaña comunista que quiere tomar el país. O sea, asociaron la lucha contra la corrupción con la etiqueta de izquierda, 'como quien dice juzgar la corrupción es una causa de los radicales de izquierda'. Y esa campaña no es que haya tenido éxito, pero sí ha inmovilizado a muchas personas que por su falta de información dudan de la lucha contra la corrupción. Y esa es la reacción de toda unas élites dispuestas a llegar a lo último para no verse enfrentadas a la justicia.
- ¿En este momento son Iván Velásquez y Thelma Aldana una garantía de la lucha contra la corrupción en Guatemala? ¿Su permanencia es imprescindible en este momento para continuar?
Sí, porque aunque no dependa de ellos -porque atrás hay una institucionalidad del Ministerio Público y la Cicig-, tampoco está garantizado que vayan a llegar personas con el mismo compromiso; entonces, si el gobierno logra maniobrar podría poner ahí gente que ya no tiene el mismo nivel de compromiso y entonces sí lograr el objetivo de que la lucha contra la corrupción, como se está llevando a fondo, logre frenarse.
'Los canales de TV guatemaltecos tienen una campaña de desinformación', denuncia activista
Álvaro Montenegro fue uno de los líderes de las protestas ciudadanas que entre abril y agosto de 2015 exigieron la salida del gobierno del entonces presidente Otto Pérez Molina, quien para esa fecha ya había sido mencionado por la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) dentro de las investigaciones de una red de corrupción aduanera.
Ahora, coincidentalmente el mes en que recrudeció la lucha en las calles para sacar a Pérez Molina de la silla presidencial y hacerlo responder ante la justicia, Montenegro pide al pueblo de Guatemala que acuerpe al comisionado Iván Velásquez y a la Cicig porque, afirma, han comenzado a eliminar a las mafias que se habían enquistado en el gobierno.
"Por eso el presidente [Jimmy Morales] quiere expulsarlo del país", aseguró en conversación con este medio. "También [debe] saber que la clase política en nuestro país está corrupta casi totalmente, entonces ellos van a querer protegerse y hacer el pacto de impunidad en el Congreso, y eso solo se puede contrarrestar con la presencia de la ciudadanía en las calles exigiendo que se quede el comisionado Velásquez y que renuncie Jimmy Morales", remarcó.
Montenegro denunció que existe una campaña negativa en las redes sociales para hacer ver que no es cierto que existe una lucha anticorrupción. "Eso es muy importante y me gustaría mucho que lo dijera internacionalmente porque los canales de televisión local, que son un monopolio, tienen una campaña de desinformación permanente y acusan a activistas, dicen que las marchas de estos últimos días han sido a favor del Presidente, lo cual es totalmente falso", indicó.
El activista expresó que el dueño de los medios televisivos se llama Ángel González su esposa [Alba Lorenzana] es prófuga internacional dentro de un proceso que levantó la Cicig. "Esos canales le dan mucha cobertura a personas vinculadas a procesos judiciales [a los cuales], por supuesto, les interesa expulsar a la Cicig para lograr impunidad. Entonces hay una campaña de desinformación muy fuerte que la empiezan los canales de televisión local y se difunde mucho por las redes sociales".
El caso al que se refiere Montenegro es el esquema de sobornos ligado a Pérez Molina. No obstante, la esposa del magnate de medios de origen mexicano también fue ligada a sociedades offshore utilizadas con fines ilícitos por parte de la investigación global del Consorcio Internacional de Periodistas.
Montenegro aseguró que hay mucha gente trabajando, activándose para protestar y apoyar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad porque tienen información de que están siendo amenazados.
