La fiscalía guatemalteca notificó nuevos cargos de corrupción al exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, hombre fuerte del gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, preso por corrupción, y capturó a Manfredo Pacheco Consuegra, antiguo viceministro administrativo de la misma cartera, acusándolos de haber suscrito contratos anómalos por renta de vehículos blindados por 4.3 millones de dólares.
López Bonilla está en prisión acusado -junto a otros exfuncionarios de gobierno- de usar fondos públicos para comprar lujosos regalos a Pérez Molina, entre ellos un helicóptero.
La Policía también detuvo a Walter René Cerón, exdirector general de la Policía Nacional Civil (PNC), por los mismos cargos. La fiscalía dijo en conferencia de prensa que cinco denuncias fueron presentadas por la Contraloría General de Cuentas por anomalías encontradas en igual número de contratos suscritos entre 2014 y 2015 para la renta de 47 vehículos blindados para uso de personal del Ministerio de Gobernación, la PNC y la Dirección del Sistema Penitenciario, por un valor de 3.2 millones de quetzales (unos 4.3 millones de dólares).
Stuardo Campos, jefe de la fiscalía contra la corrupción, dijo que entre las anomalías encontradas está que los exfuncionarios se habrían amparado en un estado de excepción, decretado por el gobierno de entonces, para realizar las contrataciones de arredamiento de vehículo, algo que está prohibido por ley.
"Dichas contrataciones son notoriamente ilegales", pues para realizarlas los exfuncionarios se basaron en partes de la ley que no podía aplicar a la renta de vehículos, dijo Campos.
El fiscal explicó que la Ley de Contrataciones del Estado, establece que cualquier contratación que se realice por parte del Estado que sobrepase los 900 mil quetzales (unos 120 mil dólares), deberá hacerse a través de licitaciones públicas, lo que no ocurrió en estos casos.
"El señor exministro López Bonilla cometió un acto ilegal al aprobar por medio de resoluciones ministeriales los términos de referencia, las ofertas y los cinco contratos de arredramiento", dijo Campos, por lo que será acusado de los delitos de abuso de autoridad.
Campos dijo que aún se investiga cuál fue la ruta del dinero usado en la contratación.
