El fiscal argentino que acusó a la presidenta Cristina Fernández de encubrimiento agravado en la causa del atentado a una mutual judía fue hallado muerto en su departamento de Buenos Aires, informó el lunes el Ministerio de Seguridad.
El fiscal Alberto Nisman, que generó un alboroto político hace unos días al pedir la indagatoria de Fernández, el ministro de Exteriores Héctor Timerman y otros allegados al gobierno, fue hallado el domingo por la noche en el interior del baño de su habitación, bloqueando la puerta de acceso al mismo, dijo un comunicado del ministerio.
Junto al cuerpo de Nisman, que se hallaba en el suelo, se encontró un arma de fuego del calibre 22, además de un casquillo de bala. La investigación está a cargo del titular del Juzgado Nacional Criminal de Instrucción N5, Manuel Arturo De Campos, y de la fiscal Viviana Fein.
Los agentes encargados de custodiar a Nisman, pertenecientes a la Policía Federal Argentina, habían alertado a su secretaria en la tarde del domingo al no obtener respuesta a los insistentes llamados telefónicos que le habían realizado. Al constatar que el hombre tampoco respondía al timbre de la casa, decidieron informar a los familiares. La escolta recogió a la madre de Nisman en su domicilio para dirigirse a la vivienda del fiscal, un departamento en una alta torre de Buenos Aires. Al entrar, la mujer se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada con llave y que ésta estaba colocada por dentro en la cerradura. Finalmente, un cerrajero tuvo que abrir la puerta tras la cual se halló el cadáver de Nisman.
El ministerio no dio detalles sobre qué parte del cuerpo habría recibido el disparo de bala.
El secretario de seguridad, Sergio Berni, acudió al lugar para supervisar la aplicación de los protocolos de preservación de la escena del crimen por parte de la policía.
El fiscal había sido convocado para acudir al Congreso el lunes para dar explicaciones sobre su denuncia e informar sobre las pruebas con las que contaba. Nisman consideraba a Fernández presunta responsable de un plan para desvincular a los sospechosos iraníes del atentado en 1994 a la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA, que causó 85 muertos y más de 200 heridos. El fiscal presentó su denuncia ante el tribunal del juez federal Ariel Lijo, al que pidió la indagatoria de la presidenta, el canciller, un diputado nacional oficialista y dos dirigentes sociales cercanos al gobierno, entre otras personas.
