La hija de la asesinada activista hondureña Berta Cáceres denunció el miércoles en esta capital que ella y sus tres hermanas han sufrido al menos cuatro incidentes de hostigamiento desde que su madre fue muerta a tiros el 3 de marzo.
Laura Zúñiga Cáceres relató a The Associated Press que sujetos desconocidos armados las han seguido y que personas extrañas han llegado a fotografiar la casa de su abuela, donde reside gran parte de su familia y la morada que ocupó la activista ambientalista hasta que se mudara varios meses antes de ser asesinada en su hogar.
Zúñiga, quien al día siguiente de la muerte de su madre decidió regresar a Honduras y posponer indefinidamente sus planes de estudiar obstetricia en Argentina, agregó que aún espera respuesta a su solicitud de una audiencia con el presidente Juan Orlando Hernández para pedirle medidas de seguridad.
The Associated Press solicitó un comentario a la embajada hondureña, sin obtenerlo de inmediato.
"Vivimos un cerco que nos hace el gobierno. No dicen qué investigan. Nos han ignorado de manera bestial", dijo a AP la también activista de 23 años de edad, quien dictó el miércoles una conferencia en el Congreso, en Washington.
Zúñiga planeaba visitar la tarde de miércoles al Departamento de Estado para pedir personalmente que presione al gobierno hondureño para que acceda a crear un grupo de expertos independientes que investigue el homicidio, un modelo similar al que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concibió para investigar la desaparición de 43 estudiantes desde 2014 en México.
Durante sus reuniones de las últimas horas con legisladores de ambos partidos, Zúñiga también ha insistido en que Washington interceda para que las autoridades hondureñas compartan con la familia detalles de la investigación y que Estados Unidos condicione o suspenda la ayuda al país centroamericano para evitar más ataques contra activistas.
Zúñiga, quien planea regresar el jueves a su país, se quejó de que las autoridades hondureñas hayan mencionado como posibles móviles del homicidio conflictos pasionales o rencillas entre los integrantes de la organización a la que su madre pertenecía, pese a que había recibido al menos 33 amenazas de muerte desde 2013.
Viviana Krsticevic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, en la misma conferencia dijo que la creación de un grupo independiente de expertos es la mejor opción porque la misión creada a comienzos de año por la Organización de Estados Americanos para combatir la corrupción en Honduras no tiene la autoridad legal para participar en investigaciones criminales.
Cáceres había denunciado que era objeto de amenazas de muerte por parte de la policía, el ejército y grupos de terratenientes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había otorgado medidas cautelares desde 2009, pero el gobierno hondureño no le asignó protección.
La activista cobró gran relevancia internacional por organizar al pueblo lenca —la mayor etnia de Honduras— para protestar contra la construcción de un polémico proyecto hidroeléctrico financiado por el Banco Mundial.
Nelson García, otro ambientalista indígena, fue ultimado a balazos a manos de desconocidos dos semanas después del asesinato de Cáceres.
