El gobierno hondureño solicitó este viernes a la Organización de Estados Americanos (OEA) colaboración para investigar el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres a través de la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y la Corrupción (MACCIH), instalada en febrero pasado.
La cancillería dijo en una nota de prensa que a petición del Ministerio Público solicita a la OEA, "al amparo de la MACCIH, la conformación de una comisión ad-hoc integrada por juristas del área penal (...) que se incorpore lo antes posible a fin de proveer colaboración activa en el proceso investigativo y acusatorio en el sonado caso del asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres".
La MACCIH, dirigida por el peruano Juan Jiménez Mayor, fue instalada el 22 de febrero para investigar sonados casos de corrupción e impunidad en Honduras, pero aún no ha empezado a operar.
La cancillería indicó que para investigar el crimen de la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) "se cuenta con la cooperación del gobierno de Estados Unidos y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas" pero "se pretende dar en el menor tiempo posible con la identificación y captura de los responsables".
Por su parte, las hijas de Cáceres y Copinh, en otro comunicado, dijeron que desconfían de las investigaciones emprendidas por el gobierno porque no fue capaz de proteger a la ambientalista ante tantas denuncias de amenazas que recibió de la empresa Desarrollos Eléctricos S.A. (DESA).
Cáceres recibió medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al denunciar amenazas de DESA por movilizarse con cientos de miembros del Copinh, rechazando el proyecto Agua Zarca para construir una represa en el río Gualcarque, en la zona de Río Blanco.
Sin embargo, ella fue asesinada a tiros la madrugada del 3 de marzo por desconocidos que entraron a su casa en la ciudad de La Esperanza (oeste).
Las hijas de la ambientalista y Copinh se quejaron que no fue sino hasta el 13 de marzo, once días después del asesinato, que empezó a investigarse a la empresa DESA, pese a ser la "principal fuente de amenaza" para ella, como lo reconoció la fiscalía el pasado jueves.
En tanto, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) dio a conocer en un informe que, como cofinanciador del proyecto, junto a Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO, siglas en inglés), visitará la zona para analizar de forma colegiada "las acciones que se tomarán con respecto al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca".
Copinh y la familia de Cáceres exigieron al BCIE suspender el financiamiento del proyecto para proteger el río y el ambiente en las comunidades lencas.
