Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) seguirán como mediadores en el diálogo nacional pese a "la actitud confrontativa" del gobierno, que les acusó de golpistas, dijo este domingo el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.
"Ciertamente que llamar al diálogo en este momento va a ser difícil por la actitud confrontativa que ha tomado el gobierno y el lenguaje calumnioso contra la iglesia", dijo Báez en declaraciones a periodistas tras la misa en la iglesia San Miguel Arcángel de Managua.
El diálogo entre el gobierno y una Alianza Cívica de grupos de la sociedad civil, del que la Iglesia es mediadora, se encuentra estancado desde el 15 de junio.
El objetivo es hallar una solución a la crisis política, que ya deja 280 muertos en tres meses.
El presidente Daniel Ortega (72 años), quien afronta una crisis política derivada de protestas desde el 18 de abril, acusó el jueves a los jerarcas católicos de estar comprometidos con la oposición en un golpe para sacarlo del poder.
Ortega, con 11 años en el poder y en su tercer mandato, considera que la posición de los clérigos les descalifica para seguir como mediadores en el dialogo.
No obstante, Báez, dijo que la posición de Ortega "no nos va a detener para volver a convocar al diálogo", pero los detalles sobre cómo y cuando se hará el llamado será discutido en el seno de la CEN esta semana.
Ortega también acusó a los obispos de usar los templos como cuarteles para guardar armas de los cuales salen personas a matar, lo que Báez llamó "calumnias infames".
La propuesta de celebrar elecciones anticipadas del 2021 al 2019 presentada a Ortega dentro de una agenda de democratización no es un golpe de Estado: "estamos buscando una solución pacifica a un conflicto que ha alcanzado unas dimensiones insospechadas", agregó Báez.
La reacción del gobierno contra la iglesia es porque cuando esa institución no esta apegada al servicio de ideologías ni partidos "se vuelve peligrosa", opinó Báez, para acotar que el gobierno "a disgusto ha visto una realidad desagradable, que el mundo entero ha repudiado" y condenado.
Las protestas comenzaron contra una reforma a la seguridad social del gobierno pero se transformaron en una demanda política para exigir la salida del poder de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
