El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi y Valter Lavítola, vector de las extorsiones del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, vuelven a compartir el banquillo de los acusados.
Han sido imputados en el tribunal de Bari, Italia, por inducir al empresario Gian Paolo Tarantini a mentir a los jueces sobre la presencia de 26 prostitutas en las fiestas eróticas del exjefe del Gobierno italiano.
Según la acusación, ambos compraron el silencio de Tarantini, amigo de Lavítola, quien obvió en declaraciones juradas ante los jueces que al menos 26 de las 48 jóvenes que participaron en el bunga-bunga eran prostitutas.
El propio Tarantini se encargó de reclutarlas para las fiestas que el excavaliere solía organizar en sus lujosas residencias privadas en Italia: Palazzo Grazioli de Roma, Villa Certosa de Cerdeña o la Villa San Martino de Arcore en Milán.
Los hechos se remontan a los veranos de 2010 y 2011, el mismo período en el que Lavítola y Tarantini acudieron juntos a la sede central de Finmeccanica en Roma y retiraron $100 mil en efectivo, según consta en la documentación judicial, poco después de que Panamá firmara la compra de helicópteros, radares y un sistema de cartografía digital por $250 millones.
Las interceptaciones telefónicas de las conversaciones entre Tarantini y Berlusconi –coordinadas por la fiscalía de Nápoles, pionera en la investigación de la corrupción internacional que tiene como escenarios Italia y Panamá– han vuelto a poner en evidencia el perfil del hombre que gobernó Italia durante casi 20 años.
El magnate y político italiano se dijo convencido de que su principal “problema” es que enamoraba a las mujeres y aunque reconoció que los hombres que participaban en sus cenas con show erótico incluido eran “viejecitos”, los excusó diciendo que tenían poder.
A cambio de mentir sin escrúpulos ante los jueces, Berlusconi y Lavítola entregaron a Tarantini 20 mil euros en efectivo (unos $25 mil) y pusieron a su disposición medio millón de euros adicionales (más de $600 mil) en una cuenta bancaria cifrada en Uruguay. Además, le facilitaron un fastuoso apartamento en el barrio residencial de Parioli, en Roma, y un trabajo ficticio para que su elevado tenor de vida en Italia no levantara sospechas entre vecinos y conocidos. Lavítola exigió además a Angelo Capriotti –exjefe del consorcio Svemark, que debía construir cárceles modulares en Panamá– que contratara en una de sus empresas a la mujer de Tarantini, Nicla Tarantini.
Por su parte, los abogados de Berlusconi –que en el pasado calificaron de “elegantes” estas bacanales en las casas de su cliente– han negado la validez de las interceptaciones de la Policía italiana que probarían que Tarantini fue obligado a mentir, con la mediación de Lavítola, en sus deposiciones ante los magistrados.
Según la defensa, no se solicitó al Parlamento italiano la autorización de tal prueba judicial, como correspondería por la condición de diputado del ex primer ministro en el momento de los hechos que se juzgan.
Al respecto, el Tribunal de Bari deberá pronunciarse en la próxima audiencia del 29 de este mes.
Lavítola, que tiene procesos judiciales abiertos ante la justicia italiana y acumula condenas de siete años y siete meses de prisión, que incluyen dos casos relacionados con Panamá, está imputado junto a Berlusconi en el Tribunal de Nápoles por maniobrar la caída del gobierno de Romano Prodi en 2008 a través del pago de coimas. Mañana, 14 de mayo, está prevista en el Tribunal de Roma la audiencia del juicio por corrupción internacional Finmeccanica-Panamá, en la que prestará declaración ante los jueces el último testigo de la fiscalía, Fabio Sansivieri, brazo derecho de Lavítola.
