La infanta Cristina compareció este lunes, 11 de enero, ante tribunales en Palma de Mallorca para el inicio de un histórico juicio en el que se le acusa de ayudar a financiar su lujoso estilo de vida con fondos que su esposo recibió de un supuesto plan de malversación de fondos públicos destinados a conferencias y eventos deportivos.
Cristina, de 50 años, y su esposo, Iñaki Urdangarin, no hicieron declaraciones durante la audiencia, mientras sus abogados y la defensa de otros 16 acusados adicionales presentaban argumentos para tratar de excluir a sus clientes de los procedimientos y retirarles los cargos.
La hermana del rey Felipe VI de España, está acusada de dos delitos de evasión fiscal que suponen una pena máxima de ocho años de cárcel, por supuestamente no declarar los impuestos sobre gastos personales pagados por una firma de bienes raíces que es propiedad de ella y su marido, un medallista olímpico de balonmano convertido en empresario.
Jesús María Silva, abogado de la infanta, así como un fiscal y un abogado del Estado que representa a las autoridades fiscales españolas, dijeron que deben retirarse los cargos en contra de Cristina porque las autoridades están de acuerdo en que ella no cometió delito alguno y que debe enfrentar a lo sumo una multa administrativa por evasión fiscal.
Un panel de tres jueces decidirá en las próximas semanas si avala estos argumentos o le da la razón a un juez de instrucción que pasó cuatro años sondeando el caso y que resolvió que podía seguir adelante debido a la evidencia presentada por un grupo privado que lucha contra la corrupción, llamado Manos Limpias.
Los jueces tendrán que sopesar si la pareja incurrió en abusos a través de la consultora inmobiliaria Aizoon, descrita en documentos judiciales como una empresa de fachada para financiar vacaciones de lujo, fiestas en su mansión modernista de Barcelona y clases para bailar salsa.
Según una peculiaridad de la ley española, grupos civiles como Manos Limpias pueden presentar cargos penales contra personas aunque la fiscalía no lo haga.
El juicio marca la primera vez que un miembro de la familia real española afronta cargos penales desde la restauración de la monarquía en 1975.
Urdangarin y otros están acusados de desviar hasta 6.8 millones de dólares de contratos inflados o que nunca derivaron en un trabajo real.
