Panamá recibió ya la circular roja emitida por la Policía Internacional (Interpol) contra María del Pilar Hurtado, exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS), confirmaron fuentes oficiales a La Prensa.
Con ello, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de Panamá emprendió las acciones para dar con el paradero y capturar a Hurtado.
Esta mañana se conoció que la Interpol emitió una circular contra María del Pilar Hurtado quien, según sus abogados, se entregará en las próximas horas a las autoridades panameñas, donde su paradero es desconocido.
Se ha informado que el Ministerio de Seguridad se encuentra en negociaciones para concretar su pronta entrega.
La alerta roja se emitió con el fin de que Hurtado responda por el escándalo de las escuchas ilegales a periodistas, magistrados, políticos y defensores de derechos humanos durante su administración.
La petición fue colgada hoy en la página web de la Interpol, en la que se hace una descripción detallada de Hurtado. Se le busca por “concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, violación ilícita de comunicaciones agravada y abuso de función pública”, según consta en el sitio web.
La justicia colombiana considera que Hurtado pudo haber cometido estos delitos mientras fue la directora del desaparecido DAS, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). La funcionaria ocupó ese puesto entre el 23 de agosto de 2007 y el 23 de octubre de 2008.
Santos fue a Francia, sede de Interpol, a perseguir a María del Pilar Hurtado y a pedir impunidad para la Farc
Hurtado se asiló en Panamá a finales de 2010 con el argumento de que en Colombia su vida corría peligro y que no tenía garantías para someterse a un juicio justo. En mayo de 2014 la Corte Suprema de Justicia de Panamá le revocó el asilo concedido en la administración de Ricardo Martinelli.
En reiteradas ocasiones el gobierno panameño dijo que su estatus era ilegal en el país: no tiene el pasaporte vigente, por lo que tampoco podía regularizar su estatus migratorio en el país. Es más, las autoridades panameñas habían advertido que, sin una orden de la Interpol, no podían adoptar ninguna acción contra la funcionaria en la era de Uribe Vélez.
A fines de 2014, la exfuncionaria colombiana hizo una solicitud para permanecer en ese país en calidad de refugiada, pero ésta le fue negada por las autoridades.
HABLA LA DEFENSA DE HURTADO
Jaime Camacho, abogado de Hurtado, dijo en el programa Mañanas BLU de Colombia que su defendida sigue en Panamá. “Está en Panamá, conversé con ella, me dijo que tenía intención de entregarse a las autoridades, pero no conozco más detalles”, afirmó.
Camacho señaló también que desconoce si ésta llegará a Colombia con la disposición de colaborar con la justicia.
El abogado agregó que la posición de la defensa es que Hurtado debe ser absuelta porque las llamadas ‘chuzadas’ “fueron unas actividades de inteligencia”.
ESPERAN SU CAPTURA
El abogado Ángel Álvarez, quien presentó la demanda de inconstitucionalidad contra el asilo dado a Hurtado en 2010 por el gobierno Martinelli, consideró que la alerta de la Interpol llega a buena hora para contribuir en buena forma a lograr la efectiva devolución de Hurtado al país vecino. Recordó que la Cancillería de Panamá ya había dado muestras a favor de esta deportación, sin embargo, faltaba la orden.
Álvarez añadió que solo se espera que las autoridades panameñas no sigan encontrando excusas para no cumplir finalmente con esta entrega y “así contribuir de forma definitiva con la justicia”.
Según Álvarez, una vez que Hurtado sea devuelta a Colombia “se enviará un mensaje claro y directo de que la violación de la intimidad de los ciudadanos no es una opción para lograr sus fines políticos”. “Ese tipo de conducta es un delito que debe ser castigado”, remarcó.
En febrero de 2009 la revista bogotana Semana publicó un artículo que daba cuenta de que desde el servicio secreto se espiaba a los magistrados de la Corte Suprema, a periodistas, a integrantes de organizaciones no gubernamentales y, en general, a opositores del gobierno de Uribe.
Desde entonces, la Fiscalía empezó una vasta investigación que llevó a prisión a no menos de 20 funcionarios de la policía secreta, organismo que dependía directamente de la Presidencia y que fue clausurado en 2011 por el presidente Juan Manuel Santos a raíz de los mencionados escándalos de corrupción.
(Con información de Juan M. Díaz, Getzalette Reyes, Manuel Vega Loo)
