Un magistrado de la corte suprema de Brasil bloqueó el viernes el nombramiento del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva como ministro y ordenó que la investigación en su contra por corrupción vuelva a la justicia ordinaria.
El exmandatario, ícono de la izquierda de Brasil, juramentó el miércoles como jefe de gabinete de la presidenta Dilma Rousseff, pero no pudo asumir por demandas que atribuían su nombramiento a una estratagema para ganar fueros especiales y escapar al juez Sergio Moro, que lo investiga por presunta participación en la trama de corrupción de Petrobras.
El magistrado Gilmar Mendes "aceptó una medida cautelar para suspender el nombramiento de Luiz Inacio Lula da Silva en el cargo de ministro jefe de la Casa Civil, determinando mantener la competencia de la justicia de primera instancia para analizar los procedimientos criminales en su contra", explicó una nota del Supremo Tribunal Federal (STF).
"Es claro el daño que causa al avance de las investigaciones un cambio de jurisdicción y es evidente que la transferencia de competencia es una forma de obstrucción de las medidas judiciales", indicó el juez en la sentencia, citada por la estatal Agencia Brasil.
El gobierno sólo podrá apelar la decisión ante el pleno del Supremo Tribunal Federal (STF), pero según el canal Globo News, el juez Mendes llevará el asunto al plenario por iniciativa propia.Lula fue más temprano ovacionado en una manifestación en defensa del gobierno en Sao Paulo.
"El martes, si no hubiera ningún obstáculo, estaré orgullosamente sirviendo a mi presidenta Dilma", dijo en un emocionado discurso.
Lula fue llamado a integrar el gobierno en un momento en que Rousseff dice necesitarlo más que nunca para enfrentar los embates de un proceso de destitución, que ya comenzó en el Congreso.
Pero la crisis arreció el miércoles cuando Moro liberó el audio de una conversación interceptada entre Lula y Rousseff, en la que la mandataria le informaba que le enviaba el decreto de su nombramiento para que pueda "usarlo en caso de necesidad".
Mendes coincidió con los investigadores, que sostienen que la presidenta quería proteger a Lula de una eventual orden de prisión.
