Un juez dominicano declaró este miércoles 1 de marzo inadmisible el acuerdo entre la Procuraduría General y Odebrecht mediante el cual la compañía brasileña se comprometía a abonar 184 millones de dólares de multa por los sobornos pagados para conseguir contratos a cambio de que el Ministerio Público renunciara a procesar judicialmente a sus empleados.
El juez José Alejandro Vargas, coordinador de los juzgados de instrucción, destacó que el pacto "ignora que tal y como han reconocido ambas partes, se trata de hechos graves" y por tanto requieren de sanciones de "mayor rigurosidad".
El procurador general Jean Alain Rodríguez suscribió en enero el acuerdo con ejecutivos de Odebrecht luego de que la empresa reconoció ante autoridades de Brasil, Suiza y Estados Unidos haber pagado 92 millones de dólares en sobornos desde 2001 para obtener contratos con el Gobierno dominicano, donde ha participado en 17 de las obras de infraestructura más importantes del país.
El pacto establecía que la compañía constructora pagaría 184 millones de dólares, el doble de los sobornos, como multa durante un período de ocho años, podría continuar sus operaciones en el país y volver a participar en licitaciones públicas.
En tanto, el gobierno no perseguiría judicialmente a los empleados de la firma brasileña, pero sí podría procesar a funcionarios locales y agentes comerciales. Robert Valdez, abogado de Odebrecht, anunció tras la audiencia que la compañía apelará el fallo.
La Procuraduría General no ha emitido comentarios sobre la decisión del juez. La decisión se produjo solo dos días después de que el presidente Danilo Medina hiciera una defensa del acuerdo durante su informe anual de gestión ante el Congreso. "Ese acuerdo no detiene en absoluto el proceso de investigación ni la acción de la justicia" para procesar a los beneficiarios locales de los sobornos, había asegurado Medina y destacado que Odebrecht se había comprometido a colaborar con las indagatorias.
El controvertido pacto, que no ha sido difundido de forma completa por las autoridades, había generado el rechazo de grupos de la sociedad civil que exigen que las autoridades identifiquen a los beneficiarios de los sobornos, procesen a todos los involucrados y suspendan el permiso de operación de Odebrecht.
Con su decisión, el juez "ha demostrado que nuestra lucha sí tiene sentido", dijo al término de la audiencia Manuel Jiménez, uno de los voceros que los grupos que realizan protestas en demanda de procesos judiciales contra los responsables de los sobornos. Junto a Jiménez varias personas se apostaron con pancartas contra Odebrecht afuera del palacio de justicia.
La investigación contra la compañía comenzó después de que en diciembre el Departamento de Justicia estadounidense difundió que ejecutivos de Odebrecht habían reconocido que pagaron unos 785 millones de dólares en 12 países entre 2001 y 2014 para obtener contratos millonarios.
