Un juez peruano envió este martes a prisión preventiva por 18 meses a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, acusada de haber recibido aportes ilegales de campaña de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.
En un escándalo de corrupción que salpica a cuatro expresidentes peruanos, la fiscalía acusa a Villarán de haber recibido dinero de Odebrecht para financiar la campaña de un referéndum revocatorio en 2013, que ella ganó, y de OAS para su intento de reelección en 2014, que no prosperó.
"Se ordena la variación de comparecencia restringida por prisión preventiva por 18 meses contra la ciudadana Susana Villarán", dijo el juez Jorge Chávez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción.
"Existe obstaculización y ocultamiento de pruebas" por parte de Villarán, así como "peligro de fuga", agregó el juez al fundamentar su decisión.
La fiscalía había pedido 36 meses de prisión preventiva para la exalcaldesa, pero el juez solo accedió a la mitad del tiempo solicitado.
Al pedir la orden en la audiencia judicial este martes, la fiscal Angela Zuloaga dijo que el exjefe de Odebrecht en Perú, el brasileño Jorge Barata, testificó que aportó tres millones de dólares a Villarán.
"Jorge Barata señaló que la exacaldesa le agradeció por el aporte", agregó la fiscal ante el juez Chávez.
El dinero de Odebrecht y OAS "no fue a título gratuito, sino fue en razón de dos obras" públicas, destacó la fiscal.
Activista de izquierda y católica devota, Villarán había admitido que recibió aportes de campaña de las empresas brasileñas, a diferencia de los expresidentes investigados, que lo han negado. Además, la exalcaldesa había declarado que estaba preparada para ir a la cárcel.
"No soy de la personas que se fuga, que evade a la justicia. Soy de las personas que da la cara, tengo una familia a la que respondo con la verdad dando la cara, creo en la justicia, nunca voy a evadir a la justicia", dijo en la audiencia.
Villarán fue alcaldesa de Lima en 2010-2014 y la fiscalía la acusa de los delitos de integrar una asociación ilícita, cohecho y lavado de activos.
La fiscal Zuloaga afirmó que los jefes de Odebrecht hicieron este aporte "porque tenían interés que el proyecto vial de Línea Amarilla, que luego se cambió por Parque Rímac, no sea alterado".
Agregó que para la campaña de reelección en 2014 OAS aportó tres millones de dólares a Villarán, entregados al entonces gerente de la municipalidad de Lima, Miguel Castro, para quien la fiscalía también ha pedido prisión preventiva por 36 meses.
Villarán y Castro tenían prohibición para salir del país. Otros cinco colaboradores de ella también están bajo investigación.
El escándalo de Odebrecht ha causado estragos entre la clase dirigente peruana: el expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó el 17 de abril, cuando iba a ser detenido en el marco de esta investigación.
Hace una semana la fiscalía presentó la acusación formal ante la justicia contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa Nadine Heredia por esta misma investigación, y próximamente deberían ir a juicio. Ambos estuvieron nueve meses en prisión preventiva.
En tanto, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) permanece bajo arresto domiciliario, mientras que el exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006) escapó a Estados Unidos, donde enfrenta un pedido de extradición.
Todos los exmandatarios negaron haber recibido dádivas de Odebrecht, incluso el difunto Alan García. También lo negó la líder opositora Keiko Fujimori, quien está en prisión preventiva desde el pasado 31 de octubre por esta causa.
Hace tres semanas, Barata entregó en Brasil a fiscales peruanos "las rutas del dinero" que Odebrecht repartió entre figuras de poder peruanas, desde presidentes hasta alcaldes, para hacerse con contratos de obras públicas.
Su testimonio fue fruto de un acuerdo de colaboración entre Odebrecht y la fiscalía peruana.