La corte suprema de Brasil suspendió este jueves, 28 de diciembre, un indulto presidencial de Navidad que podría haber dejado en libertad a políticos y empresarios condenados por la megacausa de corrupción Lava Jato.
La decisión respondió a un pedido de la fiscal general, Raquel Dodge, quien pidió dejar sin efecto ciertos beneficios de un decreto del presidente Michel Temer por considerarlo inconstitucional y violatorio de la separación de poderes.
"Concedo la medida cautelar", escribió la presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, según un breve extracto publicado por su asesoría de prensa. "El indulto no es ni puede ser un instrumento de impunidad", agregó.
El indulto había desatado una cascada de críticas y fue denunciado por funcionarios de la justicia como un "black friday" de los crímenes de cuello blanco. La fiscal Dodge dijo en su presentación que los indultos datan del "absolutismo monárquico" y que beneficiarían "muy especialmente a un determinado grupo de condenados que practicaron crímenes contra el patrimonio público, sin que haya razones humanitarias que lo justifiquen".
La investigación "Lava Jato está en riesgo, así como todo el sistema de responsabilización criminal", señaló en su presentación, a la que accedió la AFP.
Dodge fue elegida por el propio Temer para reemplazar a Rodrigo Janot, fiscal que lo denunció dos veces por corrupción este año y lo convirtió en el primer mandatario en funciones en ser acusado de un delito común en toda la historia de Brasil.
Deltan Dallagnol, jefe del equipo a cargo de investigar las ramificaciones de Lava Jato en personas sin fueros políticos, lo consideró "un insulto" que esterilizaba la delación premiada, figura a la que se acogieron decenas de delincuentes para confesar sus crímenes a cambio de una condena más suave.
El decreto de Temer conmutaba la pena de los detenidos que hubieran cumplido un quinto de su condena por delitos sin "grave amenaza o violencia contra la persona", si no eran reincidentes, y a un tercio si había reiteración.
Los indultos concedidos en 2016 exigían haber pasado al menos un cuarto de la pena tras las rejas, en el primer caso, y la mitad en el segundo.
En esa tipología entraban varios crímenes del caso que comenzó en la estatal Petrobras y luego se diseminó en gran parte de la administración pública de Brasil, antes de extenderse a varios países de América Latina y África.
Los llamados indultos de Navidad en Brasil establecen una regla general, impersonal, a la que los detenidos pueden acogerse previa solicitación a un juez. Ahora, su aplicación quedará en suspenso hasta que la corte suprema tome una decisión definitiva tras el receso judicial que termina en febrero.
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