La justicia venezolana anuló en cinco estados la recolección de firmas que abrió el camino para un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, dejando en la incertidumbre el proceso que tendrá su fase decisiva la próxima semana.
Los tribunales penales de Aragua, Carabobo, Bolívar, Apure y Monagas "anularon" por "fraude" la recolección de firmas del 1% del padrón electoral, que realizó en abril la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para promover el referendo, anunciaron los gobernadores oficialistas de esos estados y el número dos del chavismo, Diosdado Cabello.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no se pronuncia sobre los fallos, por lo que se ignora si frenarán sólo en esos estados o todo el país el recaudo de cuatro millones de firmas (20% del padrón electoral) que debe hacer la MUD, del 26 al 28 de octubre, para que se convoque el revocatorio.
"Desaparecen todos los efectos de la recolección de firmas, hasta tanto reparen, hasta tanto hagan su tarea sin hacer trampa", aseguró Cabello, quien ante miles de partidarios en Monagas pidió "prisión" para los acusados del fraude.
Sin aludir directamente a las sentencias, Maduro se refirió a las supuestas irregularidades. "Hicieron un fraude gigantesco, la tramposería sale", dijo antes de partir a una gira por Oriente Medio.
Desde hace días, la MUD venía advirtiendo de posibles decisiones contra el proceso por parte de la justicia, a la que acusa de estar controlada por el gobierno al igual que lo afirma del CNE.
La alianza opositora no reaccionó aún. Más temprano afirmó que está lista la logística para la próxima etapa, en la que dice estar segura de superar holgadamente el mínimo exigido, dada la impopularidad del presidente socialista por la grave crisis económica.
"Un Tribunal Penal no puede anular un proceso comicial. Solo podría investigar supuestos delitos electorales", aclaró el constitucionalista José Ignacio Hernández.
Pero el también constitucionalista Juan Manuel Rafalli estimó que estos fallos podrían obligar a repetir la recolección, aunque anotó que "es muy raro que un tribunal con competencia penal vaya a afectar un proceso electoral de carácter nacional".
"Habría que esperar a ver cómo actúa el CNE. Un tribunal penal debería dictar medidas contra los agentes del delito, pero no contra un proceso", declaró a la AFP.
El excandidato presidencial Henrique Capriles, uno de los principales promotores del referendo, aseguró que "ningún tribunal" tiene potestad de parar un "proceso electoral".
"Que tribunales de diferentes estados simultáneamente publiquen idénticas sentencias" es "prueba del fraude que se está cometiendo", aseguró Simón Calzadilla, segundo vicepresidente del Parlamento, de mayoría opositora.
Hace meses, el oficialismo interpuso ante los tribunales 8 mil 600 acciones legales contra la recolección del 1% aduciendo que la MUD incluyó firmas de fallecidos, menores de edad y convictos.
El oficialismo ha advertido en reiteradas ocasiones que buscará cerrar el paso al referendo contra Maduro, elegido en abril de 2013 tras la muerte de su mentor Hugo Chávez y cuyo mandato concluye en enero de 2019.
La oposición la tiene cada vez más difícil. El pasado lunes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resolvió que deberá recaudar firmas equivalentes al 20% del padrón electoral de cada uno de los estados, por lo que con solo uno que no cumpla la meta, el proceso quedará invalidado.
La oposición considera arbitraria esa medida, al señalar que la Constitución establece el 20% sobre el padrón nacional. También insiste en que la presión ciudadana obligará a hacer el referendo este año para que haya nuevas elecciones.
Pero el CNE ya adelantó que, si se cumplen los requisitos, la consulta se haría a partir de febrero de 2017, cuando Maduro, aun revocado, podrá ceder el poder a su vicepresidente.
Según la firma Datanálisis, un 76.5% de los venezolanos reprueba la gestión del presidente y 62.3% votaría por revocarlo.
Para la oposición, ese rechazo llevó al CNE a aplazar hasta 2017 las elecciones de gobernadores que debían hacerse este fin de año, pues podrían darle buena parte de las 23 gobernaciones, 20 de las cuales están actualmente en manos del oficialismo.
