El expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, investigado por corrupción, lanzó el domingo una campaña para denunciar acoso judicial y mediático y pidió levantar el bloqueo a su designación ministerial, que lo libra a la justicia ordinaria.
Los abogados de Lula y un grupo de juristas pidieron a la corte suprema dejar sin efecto el fallo que le impide asumir como nuevo jefe de gabinete del gobierno de izquierda de Dilma Rousseff, quien a su vez está a las puertas de un juicio de destitución en el Congreso.
"Lula no ha sido acusado de ningún crimen, incluso después de haber sido sometido en los últimos meses a una verdadera invasión [de su vida privada] y a intimidaciones", afirmó en un comunicado el Instituto Lula.
Ese organismo, voz pública del ex jefe de Estado (2003-2010), también denunció un "acoso mediático" contra el ex líder sindical y dirigente del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda).
Los abogados piden que el presidente de la corte suprema levante el bloqueo de la designación de Lula como ministro. La medida fue ordenada el viernes por otro magistrado de esa instancia, por sospechar que era una maniobra para dotar a Lula de fueros que lo protegieran de la justicia ordinaria y en especial de un eventual pedido de detención en su contra.
Ahora el caso volvió a manos del juez de primera instancia Sergio Moro, considerado por muchos brasileños un símbolo de la lucha contra la corrupción, aunque para el Instituto Lula es el responsable de buena parte del hostigamiento judicial del exmandatario.
Lula y su familia, afirma el comunicado, fueron "sometidos a métodos no jurídicos y antidemocráticos de investigación, intimidación y difamación".
El expresidente de Brasil, de 70 años, está en la mira de la justicia por supuesta ocultación de bienes -un tríplex y una chacra en Sao Paulo- que los fiscales vinculan al escandaloso esquema de fraudes que drenó más de 2 mil millones de dólares de Petrobras a través de una red de empresarios, políticos y especialistas en blanquear capitales.
Moro ordenó el 4 de marzo un aparatoso allanamiento del domicilio del hasta entonces intocable ícono de la izquierda latinoamericana y debía decidir si daba cabida a una orden de detención, cuando el nombramiento ministerial pareció arrebatarlo de su esfera.
El magistrado no vaciló en divulgar una conversación telefónica pinchada entre Lula y Rousseff, que fue interpretada como una señal de que el nombramiento era una treta para que su caso pasara a la Corte Suprema.
El máximo tribunal tiene previsto realizar su próximo plenario el 30 de marzo y los abogados de Lula pidieron un hábeas corpus para que su cliente no pueda ser detenido en ese lapso. El Instituto Lula denuncia "las filtraciones ilegales, las declaraciones irresponsables de las autoridades, las falsas delaciones y la invasión sistemática de la privacidad (del ex jefe de Estado), en una vergonzosa complicidad entre medios de comunicación y agentes facciosos del Estado".
Las complicaciones de Lula se suman a las de Rousseff, amenazada por un juicio de destitución en el Congreso por presunta manipulación de las cuentas públicas. Para un número creciente de brasileños esa sería la solución a la grave crisis en la que se debate el país, sumada a la recesión económica, a menos de cinco meses de los Juegos Olímpicos de Rio.
Unas tres millones de personas se manifestaron hace una semana en centenares de ciudades para pedir su salida del poder.
El PT movilizó también a sus bases el viernes, en protestas que según la policía sacaron a la calle a 270 mil manifestantes (1.2 millones según los organizadores), denunciando una tentativa de "golpe de Estado".
Una encuesta de Datafolha reveló el sábado que el apoyo al juicio político pasó de 60% en febrero a 68% en marzo.
El expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) dio su apoyo al juicio, afirmando que es un fiel reflejo de la voluntad popular. "Eso fue lo que las calles gritaron" el 13 de marzo, declaró en una entrevista publicada este domingo por el diario O Estado de S. Paulo.
