La justicia brasileña estrecha cada vez más el cerco policial al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Después de que la semana pasada la Policía Federal allanara su casa en Sao Bernardo (a 20 kilómetros de Sao Paulo) y se lo llevara a la fuerza a declarar durante tres horas en una sala del aeropuerto de Congonhas –en el marco de una macrooperación que movilizó unos 200 patrullas en tres estados- Lula está de nuevo en la mira judicial.
El Ministerio Público de Sao Paulo lo investiga por cuatro crímenes: por malversar fondos, ocultar su patrimonio, organización criminal y blanqueo de activos, tras adquirir un apartamento de lujo, el número 164-A del condominio Solaris, en las playas de Guarujá, Sao Paulo.
Es la tercera línea de investigación que se abre contra el político brasileño que para algunos se convirtió en el referente político de la izquierda, al sacar de la pobreza a unos 30 millones de personas.
La primera pesquisa partió de Brasilia, donde el Departamento Anticorrupción escudriña desde hace casi un año indicios que ligan a Lula da Silva con el delito de tráfico de influencia internacional a favor de Odebrecht.
La segunda investigación es una ramificación enmarcada en la macrooperación Lava Jato (lava autos) que trata de esclarecer si el expresidente se enriqueció del esquema de corrupción enquistado en la petrolera estatal Petrobras.
En esta última diligencia son indagadas, a su vez, otras 15 personas, entre ellas, su mujer y ex primera dama, Marisa Leticia Rocco Casa, y uno de sus hijos, Fabio Luis.
De momento es solo una denuncia que debe ser aceptada para que se convierta en una acción penal. Lula da Silva ha negado en todo momento que el apartamento de Guarujá fuera de su propiedad y ha rechazado todos los cargos.
En el Registro Público de Brasil, el inmueble en el condominio Solaris -de 216 metros cuadrados y 3 pisos- aparece a nombre de la empresa constructora OAS que, al igual que Odebrecht, está bajo investigación judicial, enmarcada en la macrooperación Lava Jato.
El heredero del imperio empresarial de América Latina, Marcelo Odebrecht, fue condenado el pasado martes a 19 años y 4 meses de cárcel por liderar una trama corrupta que amañaba contratos de forma fraudulenta con la petrolera estatal Petrobras; por gestionar un sofisticado sistema de lavado de dinero a través de sociedades offshore y cuentas bancarias en el extranjero, y dirigir una red de pago de coimas a empresarios y políticos, tanto brasileños como extranjeros.
En la investigación del Ministerio Público Federal relativa a la fase No. 24 de la investigación Lava Jato, bautizada Aletheia -en griego clásico, búsqueda de la verdad- los fiscales apuntan a que Lula recibió beneficios ilícitos.
En el sumario judicial -al que ha tenido acceso este periódico- los fiscales califican al exjefe de Estado como “uno de los principales beneficiarios” de la trama corrupta que desvió hasta 2 mil 400 millones de dólares entre 2004 y 2012.
En lo que han calificado como una maniobra política, su delfín y actual presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, le ofreció asumir las responsabilidades de algún ministerio en su Gabinete, con lo cual quedaría investido de inmunidad. De esta manera, podría obstaculizar la investigación en su contra o pasar a disposición del Tribunal Supremo Federal.
Esta oferta deja a Lula en una tesitura compleja: si acepta el cargo, en la práctica estaría aceptando tácitamente culpa; si no, podría usarlo como instrumento para seguir interpretando el papel de víctima.
Según medios locales brasileños, Lula convocó una reunión urgente con la dirigencia del oficialista Partido de los Trabajadores [del que es miembro] para afrontar la deriva de la organización política, cada vez más minada por la situación judicial de sus líderes y exdirigentes.
El diario O Globo advirtió, incluso, que las próximas fases de Lava Jato podrían conllevar una orden de arresto en su contra.
Odebrecht, surtidor de coimas
De forma paralela, la fiscalía de Brasilia trabaja en la investigación criminal sobre las sospechas de que el expresidente carioca ejerció un tráfico internacional de influencias a favor de Odebrecht que generó contratos millonarios para el gigante de la construcción, así como un beneficio económico para sí mismo.
Los fiscales tienen evidencias de que Odebrecht pagó, entre 2011 y 2014 –después de haber dejado la presidencia brasileña-, más de 7 millones de dólares a Lula da Silva, de los cuales 4.6 millones de dólares fueron asignados al Instituto Lula da Silva y 3 millones de dólares a LILS Conferencias y Eventos (LILS son las siglas de Luiz Inácio Lula da Silva).
Los fiscales también tienen indicios muy concretos de la relación bastante “cercana” entre ejecutivos del Grupo Odebrecht y Lula. De hecho, en el celular de Marcelo Odebrecht, requisado durante su detención en junio pasado, encontraron elementos que así lo prueban.
El Departamento Anticorrupción del Ministerio Público Federal de Brasilia sigue la pista del pago de los viajes de Lula a países de Latinoamérica y África por parte de Odebrecht, a cambio de que el expresidente brasileño usara su prestigio político y sus influencias para facilitarle negocios a la empresa.
El viaje que Lula realizó a Panamá en mayo de 2011 -que según los documentos a los que ha tenido acceso La Prensa- fue cortesía de la empresa Norberto Odebrecht, figura entre los indicios con los que cuenta la fiscalía.
“Por invitación de Odebrecht, el expresidente Lula hizo un viaje a esta capital al final de la semana pasada, acompañado por el exministro Luis Dulci y José Dirceu”, escribió el 23 de mayo de 2011 en un correo electrónico el embajador de Brasil en Panamá, Eduardo Prisco Paraíso Ramos, en su reporte al Ministerio de Exteriores de Brasil.
Los investigadores trabajan ahora en recomponer todos los indicios para demostrar que la empresa brasileña se benefició indebidamente, obteniendo concesiones de los gobiernos de los países que el expresidente brasileño visitó, lo que sentaría las bases para investigarla por el delito de cohecho.
