El presidente Nicolás Maduro promulgó el miércoles una serie de decretos-ley en el ámbito económico que parecen estar lejos de concretar las expectativas de quienes durante más de un año esperaron que se tomaran medidas de fondo para enfrentar la grave crisis económica de Venezuela.
Cuando resta un día para que expire una legislación que otorgó a Maduro poderes especiales que le permitieron legislar por nueve meses, el presidente promulgó 20 nuevos textos legales, entre los que destacan la reforma parcial de varias legislaciones tributarias —incluido el impuesto sobre la renta— en la que se estableció el aumento del 34% al 40% de la alícuota máxima que se cobra a las grandes empresas, entre otros tributos, "para elevar la recaudación" y "para garantizar la inversión social".
Maduro indicó que "esta reforma del impuesto sobre la renta va dirigido a los contribuyentes especiales del gran capital de Venezuela", estimado en unos 3 mil, y enfatizó que "no va dirigido a las personas naturales ni las personas jurídicas que no tienen gran capital".
Venezuela enfrenta actualmente una severa crisis signada por una galopante inflación —que analistas estiman cerrará el año en tres dígitos_, severos problemas de escasez de productos básicos, una contracción del aparato productivo y un fuerte déficit fiscal agravado por la merma de los ingresos del gobierno debido a la caída de los precios del crudo.
La reforma busca además "eliminar la posibilidad de evasión que aún quedaba". En tal sentido, Maduro mencionó que "se eliminó el ajuste por inflación que se ha constituido en un mecanismo de disminución injustificada para el pago del impuesto de estos contribuyentes del gran capital".
Además se reformó una ley de impuestos a las grandes transacciones financieras, "exclusivamente para personas jurídicas de alta concentración de capital".
El presidente comentó que el alcance de este texto legal será explicado en detalle en enero, pero adelantó que se cobrará "0,75% de cada transacción de estos altos contribuyentes".
Maduro, acosado por la inflación, dijo también que el nuevo andamiaje legal forma parte de un esfuerzo para corregir los efectos de la "guerra económica" que, según él, empresarios y adversarios políticos habrían desatado desde 2013 para generar malestar entre los venezolanos y justificar su derrocamiento.
Estas leyes fueron aprobadas por Maduro apoyado en poderes especiales que le otorgó en marzo la saliente Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, para emitir decretos con fuerza de ley durante unos nueve meses, que expira el 31 de diciembre.
El gobierno ha reconocido que la estatal Petróleos de Venezuela S.A. pierde anualmente 12 mil 592 millones de dólares por la diferencia en lo que cuesta producir la gasolina y el precio en que la vende en el mercado local.
Maduro anunció también la reforma de la ley de régimen cambiario y sus ilícitos, en la que se "prohíbe y se establece las penas" para todo aquel que tome como referencia cualquier tipo de cambio no oficial para la definición de precios y estructuras de costos de todos los bienes y productos del país.
"Esa forma de fijar los precios de manera abusiva y criminal, eso se llama capitalismo salvaje", aseveró, sin dar detalles sobre las sanciones.
En Venezuela está vigente desde hace más de 12 años un control de cambios y operan tres tasas oficiales, así como una cuarta del mercado negro, ampliamente utilizada para establecer muchos de los precios de los bienes. El país es altamente dependiente de las importaciones, las cuales suplen más de la mitad de los alimentos procesados y una amplia gama de productos que se consumen aquí.
Con el propósito de estimular la producción local y procurar que las escasas divisas terminen en manos de empresas eficientes, entre otros instrumentos legales, Maduro anunció la eliminación del actual "certificado de no producción para la obtención de dólares de los distintos sistemas cambiarios legales y oficiales por un nuevo mecanismo de certificado de producción".
Explicó que a partir que el empresario demuestre que tiene capacidad productiva y la aumente, el gobierno autorizará que parte de esos bienes sean exportados de modo que convierta en una fuente de divisas para el país y los propios empresarios.
Desde 2006 los venezolanos enfrentan problemas de desabastecimiento, pero en los últimos dos años la escasez se ha agudizado debido a que el gobierno redujo la venta de divisas oficiales, lo que le ha impedido a muchas empresas comprar en el exterior materias primas, repuestos y equipos.
Según críticos del gobierno, el control de los precios de productos de primera necesidad, los engorrosos trámites para transportar o almacenar los productos y las expropiaciones de empresas desalientan las inversiones y constituyen las principales causas de la escasez.
