El otrora poderoso empresario Marcelo Odebrecht –que hasta diciembre pasado presidió la empresa más grande de Brasil– fue condenado este martes, 8 de marzo de 2016, por el juez Sergio Moro a 19 años y 4 meses de prisión.
El empresario también deberá pagar una multa de $35 millones junto con exejecutivos y exdirectores del grupo Odebrecht, que el año pasado se adjudicaron obras en Panamá por más de $2 mil millones.
Frente a esta condena, La Prensa preguntó al presidente Juan Carlos Varela si su gobierno considera solicitar una auditoría de una de las obras más emblemáticas de Odebrecht: la cinta costera.
“Fui claro en ese tema, y al inicio de mi gobierno, [dije] que nosotros vamos a separar las obras de Gobierno del sistema judicial”.
En tanto, el subsecretario del Ministerio Público, David Díaz, dijo que “las investigaciones en Panamá están en curso y en espera de respuesta a la asistencia solicitada por nuestra fiscalía a las autoridades de Brasil”.
Agregó que Panamá recibió la asistencia el 1 de junio y respondió el 6 de octubre, remitiendo lo solicitado y requiriendo aclaración en uno de los puntos.
MARCELO ODEBRECHT, ¡CULPABLE!
La detención de Marcelo Odebrecht –el entonces presidente de la principal constructora de Brasil; Constructora Odebrecht– el 15 de junio de 2015, fue precedida en Panamá por el acto público más importante del nuevo gobierno de Juan Carlos Varela: la licitación de la línea 2 del Metro.
El 2 de junio de 2015, Constructora Odebrecht se apuntó la megaobra, luego de que el Gobierno se lo adjudicara de forma definitiva. Luego, el 26 de junio de 2015 –menos de dos semanas después de la detención de su presidente en Brasil–, la empresa celebró otro triunfo: la renovación urbana de Colón.
Ambos proyectos suman un total de 2 mil 395 millones de dólares, equivalente a casi el 13% de las inversiones presupuestadas por el Gobierno para el quinquenio 2014-2019.
Mientras ocurrían estas licitaciones y adjudicaciones, a Panamá había llegado en marzo de 2015 una solicitud de cooperación judicial de parte de los fiscales brasileños. Los investigadores querían conocer el movimiento bancario en el país de una sociedad con la que vinculaban a Odebrecht, sospechosa de lavar dinero para ejecutivos de Petrobras. Después de un año, la Procuraduría de Panamá ha respondido parcialmente la solicitud de información.
La influencia de Odebrecht en Panamá es notoria. Y es que su omnipresencia en todos los proyectos de importancia en el país ha sido notoria desde que se afincó en el istmo, durante la administración de Martín Torrijos.
Desde entonces –como si fueran películas en saga– la empresa brasileña ha construido la cinta costera en sus fases 1, 2 y 3, y la línea 1 del Metro de Panamá, ello sin contar varias otras obras de infraestructura que suman centenares de millones de dólares más. También se adjudicó la línea 2 del sistema ferroviario.
Su presencia en la región corrió la misma buena ventura. Se convirtió en pocos años en la más influyente e importante constructora de América Latina, con operaciones, además, en África, Norteamérica y varios otros puntos del planeta. Su suerte no podía ser mejor.
LA CONDENA
Pero su fulgurante esplendor fue inesperadamente apagado por un pequeño grupo de investigadores brasileños que empezó sus pesquisas en lo que parecía un delito sin mayor trascendencia en negocios de lava autos.
De allí nació el nombre de lo que eventualmente se convertiría en la mayor investigación de corrupción en Brasil: la Operación Lava Jato, la misma que hoy ha llevado a la cárcel –condenado a 19 años y 4 meses y al pago de 35 millones de dólares al hoy expresidente y exejecutivo de la mayor empresa del país sureño: Marcelo Odebrecht.
Marcelo Odebrecht fue condenado por haber cometido 11 veces el delito de corrupción activa y 50 veces el de lavado de dinero, delito este que tiene sus vínculos con Panamá, pues, como ya se mencionó, en los complejos esquemas de lavado de activos que se usaron aparecen sociedades y bancos panameños, en los que se calculan que entraron poco más de 47 millones de dólares.
El expresidente de Odebrecht comparte condena con sus cómplices. El juez Sergio Moro condenó, con la misma pena y por los mismos crímenes, a los ejecutivos Márcio Haría y Rogério de Araújo, ambos, exdirectores de Odebrecht. También a los exejecutivos César Ramos Roca (10 años) y Alexandrino Alencara (15 años y 7 meses); así como a los exoperarios de Petrobras Renato Duque (20 años), Paulo Roberto Costa y Pedro Barusco, condenados previamente.
Moro determinó que el expresidente de Odebrecht –quien renunció a la presidencia de la compañía en diciembre pasado– es responsable del pago de unos 65 millones de dólares en sobornos a agentes que intervinieron en el esquema de corrupción en la estatal compañía Petrobras.
En la sentencia, el juez Moro subrayó que hubo fraudes en las licitaciones y que, además, se pagaron coimas por las obras.
“Considerando la gravedad de los crímenes en cuestión y que los condenados estaban envueltos en la práctica habitual, sistemática y profesional de crímenes contra Petrobras y de lavado de dinero, se mantiene la prisión cautelar vigente contra Marcelo Bahia Odebrecht, Márcio Haría de Silva y Rogério Santos de Araújo”, determinó Moro.
EL PODEROSO SEÑOR MARCELO ODEBRECHT
El empresario, de 47 años de edad, está en prisión desde hace casi nueve meses, cuando fue detenido como parte de la decimacuarta fase de la operación Lava Jato. Marcelo Odebrecht era uno de los más encumbrados hombres de negocios en Brasil y América Latina.
Bajo su presidencia, Odebrecht se convirtió en uno de los mayores conglomerados empresariales de ingeniería de América Latina, con presencia en 23 países y una facturación, antes de que estallara el escándalo, de unos 40 mil millones de dólares anuales.
En abril del año pasado, Marcelo Odebrecht estuvo en Panamá. En el marco de la segunda Cumbre Empresarial de las Américas, participó en el foro Puente de las Américas: Integración productiva para el desarrollo inclusivo, junto con destacados empresarios del continente, que se desarrolló junto a la VII Cumbre de las Américas.
Frente a una condena de casi 20 años por el pago de coimas y lavado de dinero, contra el que fuera el presidente de la empresa a cargo de las dos mayores obras de su gobierno, el presidente Juan Carlos Varela reaccionó con frialdad.
Hacer una auditoría a una de las obras más emblemáticas de Odebrecht en Panamá –la cinta costera– no le pareció una buena idea al gobernante. “Yo fui claro en ese tema, y al inicio de mi gobierno, que nosotros vamos a separar las obras de Gobierno del sistema judicial. Para mí, la prioridad es proteger las obras de Gobierno, que son las que benefician a la población. Que las obras de mi gobierno se contraten con transparencia y con total apertura y acceso a la competencia de todas las empresas”.
En Colombia, la condena a Marcelo Odebrecht –contrario a la actitud asumida por las autoridades panameñas– fue de prudencia. El ministerio de Transporte de Colombia pondrá bajo vigilancia los contratos que el conglomerado brasileño tiene en ese país, informó ayer el diario El Espectador.
“La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, bajo el mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana de lucha contra la Corrupción, pidió la cooperación del Gobierno de Brasil para que remitan copia de la sentencia proferida por las autoridades judiciales contra Marcelo Odebrecht y otros directivos”, dice el comunicado del ministerio, citado por El Espectador.
La nota añade que el Gobierno procederá a “revisar las garantías de los contratos suscritos entre las entidades del sector transporte y las empresas en las que es inversionista el grupo empresarial Odebrecht”.
Para el abogado de Marcelo Odebrecht, Nabor Bulhões, la condena contra su cliente “es manifiestamente inicua e injusta, porque no encuentra base en las pruebas producidas en los autos de la acción penal, como anticipadamente demostró la defensa en sus alegaciones finales, cuya fundamentación pasó lejos de la decisión ahora divulgada”.
Según Bulhões, “la condena impuesta solo puede ser concebida como un grave error judicial”, y aseguró que “la defensa continuará luchando por su libertad y por su inocencia ante las instancias superiores, estando, más que convencida, segura de que la justicia prevalecerá con su completa absolución”.
Esta ha sido la primera condena en firme contra el poderoso empresario, mientras la operación Lava Jato continúa desentrañando la compleja operación de corrupción.
Esta causa ha llevado a la detención de directivos de otras grandes constructoras, como Camargo Correa y Andrade Gutiérrez; al exjefe de Gabinete del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) José Dirceu; el extesorero del partido de los Trabajadores Joao Vaccari; y hay decenas de legisladores con cargos vigentes.
La semana pasada, la Policía federal, incluso, llevó a declarar al expresidente Lula en el marco de las investigaciones del megafraude, en una operación que recalentó aún más el clima político en Brasil.
(Con información de Zabdy Barría y servicios internacionales de noticias, los diarios Estadão (Brasil), La Nación (Argentina) y El Espectador (Colombia).
