Los indígenas en Ecuador pondrán el máximo de presión sobre el acosado gobierno de Lenín Moreno este miércoles, con una movilización que busca coronar una semana de disturbios y protestas contra el alza del precio de los combustibles.
Moreno abrió la puerta del diálogo con la mediación de la ONU y la Iglesia católica, tras una nueva jornada de caos que incluyó el martes el breve asalto a la desocupada sede del Parlamento cuyas actividades habían sido suspendidas desde temprano.
"Ya hemos tenido los acercamientos respectivos; hemos conversado con algunos de sus dirigentes", dijo el mandatario en la víspera de la gran marcha indígena sobre Quito, una ciudad militarizada y semiparalizada por las manifestaciones.
Sin embargo, la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) no da su brazo a torcer.
Miles de sus militantes se concentran en la capital antes de sumar fuerzas con sindicatos y estudiantes en rechazo a la eliminación de los subsidios de los combustibles dispuesta por el gobierno el 2 de octubre.
La impopular medida, que disparó los precios del diésel y la gasolina hasta en 123%, forma parte de un programa de préstamos pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que alcanza los 4,203 millones de dólares destinados a cubrir déficit.
Moreno sigue el minuto a minuto de la crisis desde Guayaquil, adonde trasladó la sede del gobierno el lunes ante el acoso de los indígenas que iban llegando a Quito desde el interior. Las Fuerzas Armadas, movilizadas dentro de un estado de excepción, se mantienen leales al gobierno.
Las clases siguen suspendidas en el país y en la capital el transporte público escasea.
"La Conaie ratifica la permanencia de la movilización nacional contra las medidas económicas", señaló la dirigencia indígena en un comunicado, sin mencionar los contactos con el gobierno.
Empero, el despliegue de los militares y la medida de excepción han sido insuficientes para contener la crisis, la más grave desde la caída del entonces presidente Lucio Gutiérrez en 2005.
El martes se produjeron nuevos y violentos enfrentamientos. Un grupo de indígenas alcanzó a ocupar el Legislativo antes de que fuera desalojado por los uniformados con gas lacrimógeno.
A raíz de ello, el gobierno restringió el tránsito nocturno alrededor de instalaciones estratégicas como ministerios, puentes y antenas de comunicación.
En siete días de manifestaciones ha habido al menos un muerto, 73 heridos (incluidos 55 uniformados) y unos 600 detenidos.
Las protestas han alcanzado a la industria petrolera. Varios pozos en la Amazonia han sido ocupados por manifestantes, lo que generó una caída del 31% de la producción ecuatoriana, estimada en 531,000 barriles por día.
Moreno culpa de la agitación social a su antecesor y exaliado Rafael Correa.
Según el mandatario, Correa intenta derrocarlo en alianza con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro.
En el centro de una ofensiva diplomática y económica, Maduro se burló al señalar el martes que esa acusación es tan insólita como decir que puede derrocar gobiernos con tan solo mover su bigote.
En Bélgica, Correa dijo el miércoles a la prensa que será candidato "si es necesario", precisando que, como le "inhabilitaron entre comillas para ser presidente", la opción pasaría por postularse de "vicepresidente para abajo".
En consulta popular de 2018, los ecuatorianos eliminaron la reelección indefinida impulsada por Correa, quien ya había descrito el momento actual como una "grave conmoción social", negado los señalamientos de Moreno y pedido el adelanto de elecciones -previstas para 2021.
Correa enfrenta una orden de captura en Ecuador por un delito que le endilga la fiscalía desde antes de que estallaran las protestas la semana pasada.
Lo cierto es que "tenemos un problema muy serio de desajuste de la economía. Los precios de los combustibles es (un tema) muy complejo que ningún gobierno lo ha tocado en 15 años. Si es que el gobierno cede, se verá obligado a endeudarse mucho más", señaló a la AFP Simón Pachano, politólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Estados Unidos, la Secretaría General de la OEA y siete países latinoamericanos encabezados por Brasil, Colombia y Argentina cerraron filas en torno a Moreno.
