Los gobiernos de Argentina, Ecuador, Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua se han dedicado a mentir a sus ciudadanos y a “racionalizar” la libertad de expresión en apego a sus intereses.
Así lo advirtió ayer Claudio Paolillo, presidente de la Comisión para la Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que realiza su asamblea general en Charleston, Estados Unidos. En su informe, Paolillo advirtió sobre el proyecto de ley que pretende regularizar el ejercicio del periodismo en Panamá, que a su juicio “pondría una terrible mordaza a la libre expresión”.
MENTIRA Y CENSURA, EL MÉTODO
Comunicar mentiras desde la cúspide del poder, repetirlas sin cansancio, y racionalizar la libertad en función de los intereses de los gobiernos es algo “demasiado frecuente en numerosos países de América Latina”.
Fueron parte de las advertencias que hizo ayer Claudio Paolillo, presidente de la Comisión para la Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que por estos días sesiona en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos.
Paolillo hizo hincapié en Argentina, Ecuador, Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua, cuyos gobernantes, mencionó, mienten “sin parar” al pueblo. En el resto de América, dijo, la libertad “ha sido racionalizada” y la mentira o la ocultación de información “son moneda corriente”. “Ningún país está a salvo de esta corriente censuradora que prostituye la idea central, según la cual, los gobernantes son administradores circunstanciales de los asuntos públicos (...)”, aseguró.
Mencionó que en Argentina, en pleno año electoral, el gobierno de Cristina Fernández bate récord en gasto de propaganda oficial y a pesar de las advertencias de la Corte Suprema de Justicia, usa la publicidad estatal para castigar a medios críticos y para premiar a los amigos. En Cuba, dijo Paolillo, el gigantesco aparato de seguridad se encarga de encarcelar a todo el que disienta del régimen de los Castro.
ECUADOR Y VENEZUELA
Mientras que el presidente Rafael Correa, en Ecuador, “no cesa de aplicar una dura represión contra los periodistas y la prensa que quiere hacer uso de su libertad”. Recordó que Fundamedios contabilizó durante los últimos nueve meses, 279 agresiones contra la libertad de expresión, 24 más que en 2014. Aseguró que en Venezuela, el mandatario Nicolás Maduro provocó casi 300 violaciones al derecho a la libertad de expresión, entre agresiones a periodistas, criminalización de la actividad periodística y limitaciones del acceso a la libertad de expresión.
Paolillo reveló que el Gobierno de Costa Rica había presentado al Congreso un proyecto de ley parecido a la “ley mordaza” de Ecuador, pero que luego de que la SIP realizara, en mayo pasado, una visita a esa nación para advertir de la amenaza que imponía esta iniciativa a la libertad de expresión, el gobierno de Luis Guillermo Solís destituyó a los ministros responsables de “ese engendro”.
PANAMÁ
En esa misma línea, Paolillo advirtió sobre la iniciativa parlamentaria que pretende regular el ejercicio del periodismo en Panamá. “Ahí está la prensa en Panamá, batallando contra un espantoso proyecto de ley promovido por un diputado de gobierno del presidente Juan Carlos Varela, que pondría una terrible mordaza a la libre expresión y casi que retrotraería al país a épocas de censura”, argumentó.
Horas después de su discurso, y en entrevista telefónica con este diario, Paolillo manifestó que esta iniciativa pondría a Panamá en un estado contrario a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 1985 dictaminó que es contrario a la libertad de expresión la pretensión de que todos los periodistas tienen que estar colegiados, o tener un carné expedido por un organismo público o privado, tal como lo dispone la iniciativa. “Los periodistas no somos los únicos titulares del derecho humano a expresarnos libremente, y por tanto, todos los ciudadanos pueden ser periodistas”, sustentó. Si fuera por esta ley, dijo el comunicador, personajes como Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano y Mario Benedetti, entre otros, no hubiesen podido ejercer el periodismo en Panamá.
“Con estos ejemplos quiero manifestar la ridiculez de la disposición, manifestar la gravedad de la disposición, porque si eso se aplica para estos casos hipotéticos que te estoy poniendo, también se aplica para cualquier ciudadano panameño que quiera ejercer su derecho a expresarse libremente”, sostuvo. La propuesta, aseguró Paolillo, viola el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a recoger, recibir, y difundir opiniones en cualquier medio.
Otras organizaciones han advertido que esta propuesta “viola abiertamente” el derecho de las personas a ejercer su libertad de expresión por “cualquier medio”, incluyendo los medios de comunicación, como lo dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Opinión Consultiva 5 de 1985 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El tema también fue abordado en el informe que sobre Panamá presentó Eduardo Quirós, presidente del Grupo Editorial La Estrella y El Siglo, y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP-Panamá. “De su lectura se establece que contiene normas desde innecesarias hasta graves restricciones autoritarias a la libertad de expresión, libertad de prensa y derecho a la información”, dijo.
“Estamos ante un proyecto de ley que viola el derecho a la libertad de expresión de las personas que quieran expresarse a través de los medios y que no tengan título de periodista y obtengan la acreditación respectiva”, explicó Quirós al enumerar los aspectos que hacen que los derechos humanos se encuentren en peligro. También se refirió a la decisión del Tribunal de Apelaciones y Consultas del Primer Circuito Judicial de Panamá, que sobreseyó a los trabajadores de la empresa Transcaribe Trading, S.A., que en agosto de 2012 bloquearon las instalaciones de Corporación La Prensa e impidieron la circulación de La Prensa y Mi Diario. “Los tribunales de justicia se han mostrado incapaces de salvaguardar y sentar un precedente en la protección del libre ejercicio de la libertad de prensa”, dijo.
Otro que se refirió a la iniciativa legislativa fue el vicepresidente de Asuntos Informativos de TVN Noticias, Temístocles De Obaldía, quien pidió a la SIP que emita una resolución advirtiendo a las autoridades panameñas sobre los peligros que la propuesta entraña para la libertad de expresión. “Mientras el proyecto de ley esté en la Asamblea y no sea retirado, va a estar ahí latente, y sirve para que en cualquier momento, cualquier diputado o cualquier sector político del país apele al mismo para presionar a los medios de comunicación”, advirtió.
Fernán Molinos, presidente del Consejo Editorial de Metro Libre, solicitó a la SIP que envíe una misión a Panamá con el fin de observar sobre el terreno “los peligros y alcances que entraña esta iniciativa parlamentaria”. Mientras que Lourdes de Obaldía, directora de La Prensa, y vicepresidenta de la Comisión para la Libertad de Prensa e Información de la SIP, recordó que el presidente Varela se ha comprometido a vetar el proyecto presentado por un diputado de su partido, pero advirtió que eso no es ninguna garantía, pues la propuesta podría ser aprobada por insistencia, tal como sucedió en días pasados con otro proyecto de ley.
El Gobierno de Panamá en un comunicado manifestó que han dado “sobradas muestras” de absoluto respeto a la libertad de expresión. “Panamá se encuentra en un absoluto clima de respeto democrático y convivencia en el que cada ciudadano puede expresar sin temor su opinión (...)”, dijeron. Mientras que el diputado del partido Panameñista Juan Moya, proponente de la propuesta, dijo que la iniciativa “no está tocando para nada la libertad de expresión”. “Se trata de mejorar las condiciones laborales de los
