La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó hoy, jueves 23 de julio de 2015, un documento en el que denuncia fallos, omisiones y cuestiona la versión oficial sobre la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014 en el estado sureño de Guerrero, en México.
El documento señala que se trata de "el más grave conjunto de violaciones a los derechos humanos en la memoria reciente del país".
En un informe con 32 recomendaciones para autoridades locales, estatales y federales, la comisión pide establecer con claridad si los restos encontrados en el río San Juan y que el Gobierno dijo que eran de los estudiantes, "son o no de origen humano", cuestiona la recreación de los hechos realizada por la Procuraduría General de la República e insta a interrogar personas clave para la investigación que no han rendido declaración hasta ahora.
Es la primera vez que una entidad oficial exhibe las carencias de una investigación que, según el Ejecutivo, era la más grande nunca realizada en México.
La comisión señaló en el informe que no fueron interrogados 16 individuos presuntamente involucrados, vecinos a los que pidieron escondite los estudiantes al intentar huir del ataque, policías federales, 9 militares —los que recibían la información del "acontecer diario" y los que se trasladaron a algún lugar de los hechos—, y de los buzos que hallaron la bolsa de plástico en la que, supuestamente, estaban los restos óseos y el hueso del único estudiante identificado.
Además, sugiere varias líneas de investigación que podrían conllevar la participación de nuevos actores en los sucesos del 26 de septiembre, como otras "corporaciones de seguridad pública municipal", y de nuevos escenarios donde tuvieron lugar las desapariciones o crímenes de esa noche y pide seguir el rastro del dinero del crimen organizado en la zona.
EL HECHO Y LA VERSIÓN OFICIAL
El 26 de septiembre de 2014, seis personas murieron y 43 estudiantes de magisterio fueron desaparecidos. Según la versión oficial, policías municipales de Iguala y el vecino municipio de Cocula, secuestraron a los jóvenes por orden del alcalde de Iguala; José Luis Abarca, los entregaron a miembros de un grupo del crimen organizado llamado Guerreros Unidos; y sicarios de esta organización los llevaron a un basurero de Cocula, los quemaron y arrojaron sus restos en un río cercano, el río San Juan.
Solo se localizó un puñado de huesos calcinados en muy mal estado y exclusivamente se pudo extraer el ADN de un fragmento óseo, que sí correspondía a uno de los estudiantes desaparecidos.
Partes de la versión oficial han sido cuestionadas por expertos internacionales que investigan el caso, como el grupo enviado por la Organización de Estados Americanos y el equipo argentino de antropólogos forenses, y las familias no creen las explicaciones del Gobierno.
COMISIÓN PIDE REACTIVAR BÚSQUEDA DE JÓVENES
El presidente de la Comisión, Luis Raúl González Pérez, lamentó que haya habido una investigación "insuficiente", y que no se haya atendido a las víctimas de la forma adecuada, e indicó que el objetivo del documento es "alcanzar la verdad jurídica sobre los hechos de Iguala, requisito indispensable para materializar el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia".
A su juicio porque se ha hecho "evidente" el rompimiento del Estado de Derecho, la alianza entre el crimen y el poder, entre la delincuencia y la autoridad en México. "No es momento de callar ni olvidar", subrayó.
Afirmó que "el caso Iguala ha probado el grado de barbarie al que se ha llegado, el abandono de la ley y el olvido de la justicia", y pidió que se reactive la búsqueda de los jóvenes.
Luis Raúl González
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Las "observaciones y propuestas" que la comisión hace a la Procuraduría General de la República evidencian todo lo que la fiscalía no hizo. "Todo esto que se comentó ahora no está contenido en los expedientes, y por tanto desde nuestra perspectiva no se ha realizado y son diligencias importantes", indicó González Pérez.
Entre ellas están cuestiones aparentemente básicas para poder confirmar o no el basurero como el lugar donde presuntamente ejecutaron a los jóvenes o para establecer la "ruta de la desaparición", que podría no ser la descrita hasta ahora por las autoridades, según se desprende del documento del ombudsman.
Por ejemplo, la comisión pide localizar cuatro teléfonos celulares, desde los que se hicieron llamadas o se pusieron mensajes esa noche, y hacer peritajes a ocho camisetas, un suéter y un pañuelo encontrados cerca de uno de los ocho autobuses en los que viajaban los estudiantes, una de las cuales tiene "indicios biológicos" y manchas de lo que parece sangre.
Con este análisis "podría probarse la presencia de algunos desaparecidos" en ese lugar, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, y si la sangre no es la de ninguno de los jóvenes, se debería confrontar con los perfiles genéticos recabados en otros "autobuses, patrullas y demás vehículos relacionados con los hechos", ya que la persona a la que correspondan "probablemente estuvo en el lugar señalado el día y a la hora que ocurrieron los hechos".
La entidad de derechos humanos también sugiere: pedir los partes meteorológicos de la fecha para saber si llovió en la zona del basurero de Cocula donde, según la versión oficial, fueron incinerados los jóvenes en una hoguera que estuvo horas encendida; mostrar a las familias objetos personales encontrados en el basurero para ver si los identifican; hacer peritajes balísticos de los casquillos encontradas en ese lugar; y determinar si los restos de tierra hallados en las bolsas localizadas en el río coinciden con la que hay en el basurero.
También pide reanudar la búsqueda de los jóvenes, teniendo en cuenta las versiones que dicen que podrían estar en la sierra, otras que ubican a un desaparecido con vida en Apango —una localidad a 30 kilómetros de la escuela donde estudiaban los muchachos— y otra teoría que habla de un posible "autosecuestro" de los estudiantes.
