México debe designar a un fiscal especial que se encargue del caso de los 43 estudiantes de magisterio cuya destino se desconoce desde hace un año cuando fueron detenidos por policías y presuntamente entregados a un cártel de las drogas, dijo el viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Al señalar que en México hay "una grave crisis de derechos humanos", la presidenta de la comisión, Rose-Marie Belle Antoine, dijo que México debe poner en marcha todas las recomendaciones del equipo de especialistas independientes del organismo que revisaron la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, en el sur de México.
Entre las recomendaciones está remplazar al equipo de investigadores y revisar la hipótesis de que quizá los jóvenes desaparecieron porque habían secuestrado un autobús que transportaba heroína o dinero producto de la venta de drogas.
Los expertos criticaron el mes pasado la versión del fiscal mexicano (procurador de Justicia) de que los estudiantes fueron confundidos con integrantes de un grupo rival del narcotráfico y quemados en un basurero.
La comisión "pudo confirmar la grave crisis de derechos humanos por la que pasa México, que se caracteriza por una situación de inseguridad extrema y violencia", dijo Antoine en conferencia de prensa al finalizar su visita de cinco días a seis diferentes sitios del país.
Roberto Campa, subsecretario de derechos humanos de la secretaría de Gobernación (ministerio del Interior), negó más tarde que el país esté en una crisis generalizada de derechos humanos y señaló que las condiciones de la nación no pueden conocerse en una visita de cinco días.
"El Estado mexicano considera que si bien, en algunos casos específicos que ellos observaron se han presentado condiciones preocupantes, estos no reflejan la situación general del país en materia de derechos humanos", dijo Campa en una conferencia de prensa convocada para responder a los señalamientos de la CIDH.
Agregó que el caso de los 43 estudiantes desaparecidos no era la norma sino "una situación absolutamente extraordinaria". La comisión presentó las conclusiones preliminares de su visita y dijo que el informe completo de la situación de derechos humanos en México se daría a conocer a principios de 2016.
Dijo entre otras cosas que México tiene un "fenómeno profundamente alarmante" de ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes de la ley y pidió que se investigue la posibilidad de que se hayan cometido actos de esa naturaleza por parte de la Policía Federal este año en Apatzingán y Tanhuato, en el estado occidental de Michoacán, donde el gobierno enfrenta a un violento cartel llamado Jalisco Nueva Generación.
El gobierno de México ha rechazado con vehemencia que en ambos casos haya habido ejecuciones extrajudiciales; asegura que la policía fue agredida y las bajas se registraron en un enfrentamiento a tiros.
Aunque no llevó a cabo una investigación por separado la comisión informó que hubo irregularidades en la investigación que hizo el gobierno y que las escenas del crimen fueron alteradas para apoyar la versión oficial de que hubo una confrontación.
Varias veces se preguntó a los representantes de la comisión en torno a la falta de confianza de los mexicanos en el sistema judicial y la fiscalía general, además de si el país necesitaba de una comisión internacional independiente que combata la impunidad como en Guatemala, donde el presidente y la vicepresidenta tuvieron que renunciar y están encarcelados por su participación en un escándalo de corrupción. Antoine dijo que no se ha hablado de esa opción para México.
