El Senado de México aprobó este viernes, 15 de diciembre, una ley que dará a los militares una justificación legal para actuar como policías, a pesar de las objeciones de los grupos de derechos humanos.
La Ley de Seguridad Interior permite que los militares intervengan cuando el presidente de la República determine que existe una amenaza para la seguridad nacional y agrega el requisito de que los estados elaboren un plan para mejorar las fuerzas policiales corruptas o ineficientes.
Muchos de los 31 estados mexicanos dependen de soldados e infantes de marina para luchar contra los carteles de drogas bien armados, pero grupos de derechos dicen que la medida alivia la presión sobre los gobiernos locales para entrenar y reclutar a agentes competentes y honestos.
Artículo
El Senado también aprobó un cambio que dice que las fuerzas armadas no pueden ser utilizadas para controlar las protestas políticas.
El proyecto de ley con modificaciones ahora regresará a la Cámara de Diputados para su aprobación final.
Santiago Aguirre, subdirector del organismo de derechos humanos Centro Prodh, advirtió ayer que de aprobarse la Ley de Seguridad Interior se dará "un paso irreversible hacia la perpetuación del modelo de seguridad militarizado" y "sin fortalecer a las policías".
Uno de los diputados que se opuso a la aprobación de la ley fue Miguel Barbosa, del Partido Morena, quien asegura que esta ley pone en riesgo la institucionalidad de las fuerzas armadas. Advirtió que lejos de ofrecer una vía de solución al problema de la inseguridad y de la violencia que vive México, profundizará la descomposición social.
Que lamentable, que terrible, que este Gobierno termine de esta manera con una ley que militariza al país, que vulnera los derechoshumanos y que pone en riesgo nuestra paz social. https://t.co/HslIbWktNX
Que lamentable, que terrible, que este Gobierno termine de esta manera con una ley que militariza al país, que vulnera los derechoshumanos y que pone en riesgo nuestra paz social. https://t.co/HslIbWktNX
— Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) December 15, 2017
RECHAZO
El investigador Sergio Aguayo, del prestigioso Colegio de México, comentó la víspera que el proyecto de ley "no habla de las policías", es "profundamente imperfecta, opaca y conlleva riesgos". "Urgía una ley que regulara la intervención del Ejército en la vida pública porque ellos son los que llevan la carga del combate contra el crimen organizado; las policías están desmanteladas, corrompidas o penetradas por el crimen organizado", añadió Aguayo.
Hace poco más de una década el gobierno desplegó a miles de soldados por las ciudades más violentas de México, medida de excepción no especificada en la ley, bajo el argumento de que las policías locales sufrían un alto grado de corrupción o simplemente eran superadas por criminales.
Pero el índice de homicidios de México, que antes del operativo militar estaba en niveles históricamente bajos, se disparó desde entonces, alcanzando máximos en 2010 y 2011, sostuvo el representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, Jan Jarab. "Parece que 2017 va a superar este doloroso récord", estima Jarab, para quien "el uso del paradigma militar no fue exitoso".
El Alto Comisionado, el ombudsman mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habían llamado al Legislativo mexicano a no aprobar la ley tal como está planteada.
De enero a octubre se registraron 20 mil 878 homicidios, contra las 20 mil 547 víctimas mortales de todo 2016, según datos de la secretaría de Gobernación (Interior), cuyo registro se realiza desde 1997. Con 2 mil 371 casos, octubre se convirtió en el mes con más homicidios en dos décadas, según la estadística.
En defensa de la ley, el presidente Enrique Peña Nieto ha señalado que "brindará mayor certidumbre a nuestras Fuerzas Armadas y a la sociedad mexicana".
ANTECEDENTE
Unos 80 mil militares están desplegados en México, golpeado por una ola de violencia que deja en 11 años más de 196 mil muertos y 30 mil desaparecidos, según cifras oficiales que no precisan cuántos casos están relacionados con la criminalidad.
Unos de los casos más graves de violaciones de derechos perpetrados por el Ejército ocurrió el 30 de junio de 2014, cuando un enfrentamiento dejó un saldo de 22 muertos, todos presuntos delincuentes, y tan solo un militar herido. El ombudsman concluyó que al menos 15 de esos 22 fueron ejecutados extrajudicialmente.