El presidente brasileño, Michel Temer, calificó este martes 3 de octubre como "sin sentido" la denuncia de la Fiscalía General que lo acusó de comandar una organización delictiva para desviar fondos públicos e intentar obstruir la labor de la justicia.
La ofensiva de Temer se da en la antesala de la presentación de su defensa el próximo miércoles en la Cámara de Diputados, que definirá si este caso, que podría costarle el cargo, avanza hasta la corte suprema.
"Debemos lidiar con otra denuncia inepta y sin sentido, propuesta por una asociación criminal que quiso parar el país", dijo el mandatario conservador en su cuenta de Twitter, sin aclarar a quién apuntaba.
Temer ya se había convertido en junio en el primer presidente en ejercicio de Brasil en ser denunciado por un crimen común, en esa ocasión corrupción pasiva, pero salvó la piel en la Cámara de Diputados, donde tiene una amplia mayoría.
Tanto ese caso como gran parte del que ahora está en desarrollo se fundamentaron en las confesiones de los hermanos Wesley y Joesley Batista, dueños del frigorífico JBS. Los Batista implicaron a Temer en el marco de un acuerdo que firmaron con la justicia a cambio de inmunidad, pero las autoridades descubrieron que habían ocultado información y ambos fueron encarcelados.
Las dos denuncias fueron formuladas por el exfiscal general Rodrigo Janot, que terminó su mandato en septiembre en medio de duras críticas del gobierno.
"Brasil no será pautado por la irresponsabilidad y la falta de compromiso de alguien que se perdió por sus propias ambiciones", dijo el presidente en otro tuit, sin citar directamente al exfiscal, a quien sucedió la nueva procuradora, Raquel Dodge.
Temer se reunirá esta jornada con más de 40 diputados, lo que renovó las críticas ya recibidas durante el primer proceso, cuando sus opositores dijeron que había negociado votos a cambio de liberar fondos públicos a quienes lo apoyaran.
Para que el proceso llegue a la corte suprema deberá ser aprobado por 342 de los 513 diputados. Recién ahí el tribunal podrá decidir si archiva el caso o lo eleva a juicio, lo que apartaría al presidente de su puesto por hasta seis meses. De ser hallado culpable, será destituido. De lo contrario, retomará su mandato hasta el 1 de enero de 2019.
