Miles de personas marcharon este domingo 26 de marzo por la ciudad dominicana de Santiago para exigir que cesen de inmediato las operaciones de la compañía brasileña Odebrecht y que se castigue a los funcionarios que recibieron sobornos de esa empresa.
Una de las organizadoras de la protesta, Altagracia Kubinyi, explicó que los manifestantes también exigen una auditoría para determinar si la compañía constructora financió las campañas electorales del presidente Danilo Medina del 2012 y 2016.
Imágenes de la televisora CDN mostraron una multitud de manifestantes vestidos de verde que recorrieron la emblemática avenida Del Sol, de Santiago, 150 kilómetros al norte de la capital. "Marchamos por nuestros hijos", se leía en una de las pancartas que portaban los manifestantes, mientras otros letreros pedían cárcel para algunos funcionarios.
Kubinyi leyó ante la multitud un manifiesto de cinco puntos en el que los organizadores de la protesta demandaron la suspensión inmediata de las labores de Odebrecht y la instalación de organismo independiente que investigue los presuntos sobornos que la compañía pagó en el país para obtener contratos del gobierno.
La manifestación en Santiago fue la segunda marcha multitudinaria contra Odebrecht luego de que miles de personas recorrieron el centro de Santo Domingo el 22 de enero para exigir una investigación sobre los sobornos.
Los organizadores de las protestas también recolectaron más de 312 mil mil firmas y las entregaron a finales de febrero a la Presidencia para exigir que una comisión de Naciones Unidas participe en las investigaciones a fin de identificar a los beneficiarios de las coimas de Odebrecht.
De acuerdo con información del Departamento de Justicia estadounidense, ejecutivos de Odebrecht revelaron que pagaron sobornos por unos 785 millones de dólares en 12 países, entre ellos 92 millones de dólares en República Dominicana.
Desde que comenzó a operar en el país caribeño, Odebrecht ha participado en 17 de las obras de infraestructura más importantes, siete de las cuales corresponden al gobierno de Medina. La Procuraduría abrió en enero una investigación y ha interrogado a varios funcionarios sin revelar hasta ahora las identidades de los beneficiarios de los sobornos.
La institución y Odebrecht habían llegado a un acuerdo mediante el cual la compañía pagaría una multa de 184 millones de dólares a cambio de continuar sus operaciones en el país y que el gobierno renunciara a procesar los empleados de la empresa. El acuerdo fue declarado inadmisible por un tribunal.
