El gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica anunciaron el miércoles la reanudación del diálogo, bloqueado desde el domingo, y el compromiso del ejecutivo de liberar a un nuevo grupo de presos políticos, cuyo número no se especificó.
En un comunicado, divulgado por el gobierno y confirmado por la Alianza _pero que a diferencia de los anteriores no lleva la firma de quienes lo suscriben_, se indica que las conversaciones se retomarán el jueves y que “existe conciencia y acuerdo en el conjunto de los integrantes de la mesa de que el viernes 15 de marzo del año en curso se producirá la excarcelación de un núcleo apreciable de personas”.
“Dejamos constancia de que la franqueza, respeto y confianza siguen siendo un signo común de todos los que en dicha mesa participan”, agrega la nota.La Alianza Cívica dejó las conversaciones el lunes, doce días después de iniciadas, y dijo que no volvería a la mesa hasta que el gobierno hiciera un gesto de buena voluntad, como por ejemplo una nueva liberación de presos.
Según el último comunicado, las dos partes, junto al nuncio Waldemar Sommertag y el enviado especial de la Organización de los Estados Americanos, Luis Ángel Rosadilla, mantuvieron reuniones el lunes y el martes en las que la Alianza se comprometió a retomar el diálogo si había un compromiso efectivo de liberación de personas que permanecen detenidas a raíz de las manifestaciones iniciadas hace casi un año.
La Alianza la conforman empresarios, políticos, estudiantes y delegados de la sociedad civil, incluida la Coalición Universitaria. Dirigentes de ésta, que aglutina a una docena de colectivos estudiantiles, mostraron el miércoles su rechazo a la reanudación del diálogo, aunque aclararon que no abandonarán la coalición opositora.
"No respaldamos el comunicado de prensa número 6 del proceso de negociación (...) porque no cumple con las muestras contundentes solicitadas" al gobierno por la Alianza Cívica desde el pasado fin de semana como condición para reanudar el diálogo, indica el comunicado leído por los universitarios el miércoles por la noche. Entre esas muestras figuran la libertad inmediata de todos los presos políticos, la restitución de las libertades y el cese del hostigamiento a familiares de detenidos.
La crisis estalló en abril de 2018 con una protesta estudiantil que se multiplicó tras la violenta acción de la policía y los paramilitares. La situación dejó al menos 325 muertos y 2 mil heridos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno reconoció 198 muertos, mientras que otras organizaciones no gubernamentales elevan la cifra hasta 545.
Pero más allá de los fallecidos y los presos, que la oposición calcula en cerca de 770, la represión vivida en el país y denunciada por diversos organismos internacionales ha hecho que más de 50.000 nicaragüenses hayan huido al extranjero.
Uno de los últimos ha sido Alex Vanegas, conocido como “el maratonista” por correr en las calles en protesta contra el gobierno. Su hijo Byron Vanegas dijo el miércoles a The Associated Press que su padre, un popular personaje de las protestas que estallaron hace casi un año en Nicaragua, “decidió abandonar el país porque ya no soportaba el asedio y el acoso” del gobierno y se fue a Costa Rica.
Vanegas, de 62 años, fue arrestado varias veces por correr en las calles de Managua, y el 2 de noviembre fue enviado a prisión de forma definitiva. Tras casi cuatro meses salió bajo libertad condicional el 27 de febrero junto a otros 111 presos políticos.
De acuerdo con las autoridades, los excarcelados no tienen autorización para salir de sus casas y mucho menos abandonar el país. Byron Vanegas dijo que su padre escapó “por algún lugar de la frontera” con Costa Rica.
En Costa Rica hay al menos 52 mil refugiados nicaragüenses que huyeron de la violencia y persecución, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
