El gobierno de Nicaragua firmó el viernes dos acuerdos con la opositora Alianza Cívica, uno en el que ratifica su compromiso de liberar de forma “definitiva” a centenares de personas consideradas “presos políticos” y de anular sus procesos judiciales, y otro en el que se compromete a respetar ciertas garantías y libertades, incluida la de manifestarse.
En el documento sobre los presos, el gobierno se compromete también a aceptar que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) facilite el proceso y se especifica que será el CICR el que propondrá a las partes la lista “actualizada” de personas a liberar.
La oposición cifra en más de 640 las personas que todavía están encarceladas en el marco de la actual crisis, que inició en abril del año pasado, pero la lista del gobierno es mucho más reducida.
Las autoridades reiteraron que el plazo de excarcelación de detenidos se mantiene en 90 días a contar desde el 20 de marzo.
El gobierno nicaragüense y la Alianza Cívica firmaron también otro documento “para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas” que especifica una serie de objetivos exigidos por la oposición, como garantías para la manifestación y el regreso de los exiliados. Sin embargo, no presenta compromisos claros en algunos de los temas más delicados, como el de los paramilitares que han actuado en capturas y ataques contra civiles.
El empresario Mario Arana, negociador de la oposición, dijo que lo más difícil será cumplir y poner en marcha todo lo acordado. “No se vale que alguien incumpla, porque cualquiera que lo haga hará que esto fracase para todo el país”, advirtió.
El 27 de febrero comenzó esta nueva etapa de diálogo con que se intenta culminar casi un año de agitación que ha dejado al menos 325 muertos _según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos_, cientos de detenidos y más de 50 mil exiliados.
Las negociaciones han sido suspendidas en varias ocasiones porque la oposición consideraba que el ejecutivo no demostraba “buena voluntad”, pero fueron reanudadas el 20 de marzo cuando el gobierno del presidente Daniel Ortega se comprometió a liberar a todos los presos políticos.
De momento ninguna persona ha quedado libre de todo cargo, aunque en las primeras semanas de estas negociaciones, 162 presos han sido excarcelados y obtuvieron su libertad condicional.
El gobierno de Ortega también anunció un “acuerdo político” que llevaría al cierre de causas judiciales de personas que tienen órdenes de captura, incluyendo a muchos exiliados.
El documento sobre derechos y garantías no se compromete al desmantelamiento de los grupos paramilitares, como lo había pedido la oposición, sino que tan sólo “insta” a las autoridades a tomar medidas para el desarme de grupos armados fuera de la ley.
Ese mismo acuerdo establece que todos aquellos que abandonaron Nicaragua en el contexto de la crisis que estalló el pasado 18 de abril “podrán regresar al país con plenas garantías y seguridad personal y familiar”.
El gobierno también se comprometió a “garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública”, aunque las autoridades, en concreto la policía, serán las encargadas de autorizarlas previamente. Este cuerpo es el que mantiene prohibidas las manifestaciones opositoras desde septiembre.
No obstante, el texto aclara que no requerirán permiso previo los casos de “reunión pacífica” que no afecten la libre circulación de personas y vehículos.
Las partes acordaron reconocer “plenamente el derecho irrestricto (…) a la utilización respetuosa de la bandera nacional”, emblema asociado a las protestas y cuyo uso por parte de la oposición ha sido penalizado por las autoridades.
En cuanto a la libertad de expresión, se decidió que el Estado debe garantizar el derecho a la importación de tinta y papel por parte de medios de comunicación, lo cual debería acabar con las trabas puestas en aduanas desde hace seis meses a tres diarios de circulación nacional.
El gobierno se comprometió además a “revisar” las decisiones de confiscación de bienes, activos y equipos de medios de comunicación y la cancelación de la personalidad jurídica a asociaciones no gubernamentales. Nueve ONG fueron proscritas en diciembre, señaladas de actuar en contra del gobierno.
El diálogo, que tiene como testigos al nuncio y a un representante de la Organización de Estados Americanos, continuará el lunes con otros temas pendientes, como la justicia y la democracia, adelantó Mario Arana. “Hemos tenido una profunda crisis y hemos intentado contribuir a resolverla”, señaló.
