El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, descartó un adelanto de elecciones como propuso la Iglesia católica y exigen sus opositores en protestas desde hace casi tres meses, en medio de una ola de violencia que deja más de 230 muertos.
"Aquí las reglas las pone la Constitución a través del pueblo. Las reglas no pueden venir a cambiarlas de la noche a la mañana simplemente porque se le ocurrió a un grupo de golpistas", dijo este sábado Ortega, en una multitudinaria marcha de seguidores en el oeste de Managua.
El mandatario, quien no aparecía en público desde el 30 de mayo, añadió que si "los golpistas", como llama al movimiento civil opositor que le pide dejar el poder, "quieren llegar al gobierno", deben buscar "el voto del pueblo".
"Veremos si el pueblo le va a dar el voto a los golpistas que han provocado tanta destrucción en estas semanas. Ya habrá tiempo para las elecciones", dijo Ortega junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, sobre una tarima en la rotonda bautizada con el nombre del fallecido líder socialista venezolano Hugo Chávez.
La Iglesia, mediadora entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -integrada por sectores de la sociedad civil-, propuso adelantar las elecciones de 2021 a 2019. Pero el diálogo se estancó porque Ortega, quien gobierna desde 2007 por tercer periodo consecutivo, no respondía.
Durante su discurso, Ortega aludió a los obispos al asegurar que "todos debemos amar al prójimo", incluso "aquellos que lanzan maldiciones y nos sentencian a muerte en nombre de instituciones religiosas".
Las protestas iniciaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, pero ante la fuerte represión de la policía con grupos armados ilegales se ampliaron para exigir la salida de Ortega, a quien acusan de instaurar con Murillo una dictadura marcada por la corrupción y el nepotismo.
Ante la manifestación del gobierno, la Alianza Cívica aplazó para el próximo jueves una marcha que tenía prevista este sábado y llamó a un paro nacional el 13 de julio, el segundo convocado en la crisis, luego del realizado el 14 de junio con gran acogida de empleados y trabajadores.
"Los sembradores de la cizaña ahí andan con prácticas terroristas para asesinar a sus hermanos nicaragüenses", agregó el gobernante, al calificar a los opositores de "bandas de delincuentes".
Ortega llamó "asesinos" y "delincuentes" a sus opositores, entre la ovación de decenas de miles que marcharon de la Plaza de las Victorias a la rotonda Hugo Chávez, rodeada de gigantescos árboles de la vida, de metal, instalados por Murillo.
"¡Abajo los golpistas!", "¡Ni un paso atrás!", "¡Se queda, mi comandante se queda!, "Queremos la paz", gritaban los seguidores de Ortega, ondeando banderas del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda).
"Soy una mujer revolucionaria y estoy defendiendo a mi patria de la derecha golpista y sus vándalos. Los sandinistas somos pacifistas, pero si nos buscan nos van a encontrar. Ellos son los violentos y le achacan al gobierno los muertos", dijo Martha Candray, exmilitar de 57 años.
Ortega, exguerillero sandinista de 72 años, gobernó Nicaragua por una década tras el triunfo de la insurrección popular que, comandada por el FSLN, derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.
En otras ciudades también se efectuaron marchas. Previo a la caminata de seguidores del FSLN este sábado, policías y paramilitares incursionaron violentamente el jueves en el poblado indígena de Sutiaba, en la occidental ciudad de León, dejando tres muertos y decenas de heridos y detenidos.
En la sureña ciudad de Masaya, la más rebelde del país y donde aún hay barricadas colocadas por los manifestantes, opositores marcharon contra Ortega llevando banderas de Nicaragua hacia el combativo barrio Monimbó.
"Querían silenciarnos, pero aquí está el pueblo exigiéndole que se vaya", dijo encabezando la marcha el líder estudiantil Yubrank Suazo, a quien esta semana seguidores de Ortega le quemaron su casa, según denunció.
Hombres vestidos de civil encapuchados y fuertemente armados patrullan con policías y antimotines varias ciudades, levantando las barricadas de adoquines que construyeron los manifestantes. Grupos de derechos humanos les atribuyen la mayor responsabilidad de la violencia.
