Nicaragua inició este lunes 28 de mayo un intento por destrabar el diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición en medio del deterioro de la crisis por las violentas protestas y enfrentamientos que dejan al menos 84 muertos.
Los obispos de la Conferencia Episcopal, que fungen como mediadores del diálogo, reunieron a tres representantes del gobierno y tres de la alianza cívica –formada por estudiantes, sociedad civil y empresarios– para intentar consensuar una agenda de negociaciones.
Ambas partes “han propuesto su agenda de trabajo que gira en torno a la democratización de país, el levantamiento de tranques” (bloqueos) de rutas y el cese de la violencia, indicó el coordinador de la mesa, el obispo Carlos Avilés, al anunciar la apertura de la cita en el Seminario Nuestra Señora de Fátima.
La reunión busca reanudar las pláticas suspendidas el miércoles pasado por los obispos luego que el gobierno se negara a discutir la propuesta de la oposición de adelantar las elecciones de 2021 para anticipar la salida de Ortega, en el poder desde 2007.
El gobierno, a su vez, exigió que se levanten los bloqueos de carreteras en el marco de las protestas que estallaron el 18 de abril.
“Esperamos poder destrabar el diálogo, todo dependerá mucho de la voluntad del gobierno”, afirmó a la AFP Azahálea Solís, una representante de la sociedad civil en el diálogo.
La sesión se desarrolla en medio de nuevos enfrentamientos entre estudiantes y fuerzas de choque del gobierno, manifestaciones antigubernamentales y cortes de rutas.
A eso se suma la creciente inseguridad que vive el país debido a la incursión de grupos armados que disparan, persiguen, secuestran o atacan sin control tanto blancos opositores como entidades públicas, según denuncias de grupos humanitarios.
La oficialista Radio Ya fue incendiada este lunes supuestamente por estudiantes, según las imágenes divulgadas por televisoras oficiales.
La policía denunció este lunes que “grupos delincuenciales” lanzaron morteros y quemaron en horas de la madrugada la sede de la fiscalía y de la procuraduría en la ciudad de Masaya, 30 kilómetros al sur de la capital.
