El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que desde abril purga una pena de más de 12 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero, sufrió un nuevo revés judicial este miércoles 6 de febrero al ser condenado a 12 años y 11 meses de prisión por cargos similares en otra causa.
Una jueza de primera instancia de Curitiba (sur) estimó que el exmandatario de izquierda (2003-2010), de 73 años, se había beneficiado de reformas en una hacienda en Atibaia –en el interior de Sao Paulo– ofrecidas principalmente por las constructoras Odebrecht y OAS, a cambio de su mediación para obtener contratos en Petrobras.
La magistrada Gabriela Hardt determinó en su sentencia que “la culpabilidad [de Lula] es elevada”, pues “recibió ventajas indebidas en función de su cargo de presidente de la República, de quien se exige un comportamiento ejemplar”.
La condena se dio en el marco de la Operación Lava Jato, que desde 2014 inculpó o enjuició a decenas de empresarios y políticos de primer plano, relacionados con una red de sobornos centrada en la petrolera estatal.
Lula enfrenta varias causas penales más, pero se declara inocente en todas y denuncia una conspiración político-judicial para impedir que el Partido de los Trabajadores (PT), del cual fue cofundador en 1980, vuelva al poder.
En esta línea se manifestaron sus abogados, que anunciaron que recurrirán la sentencia en segunda instancia, al considerar que “atenta contra los más básicos parámetros jurídicos y refuerza el uso perverso de las leyes (...) para fines de persecución política”.
La primera condena de Lula en la Lava Jato tuvo que ver con el beneficio de un apartamento tríplex en Guarujá (litoral de Sao Paulo), ofrecido por la constructora OAS, igualmente para obtener contratos en Petrobras.
Las penas de cárcel en Brasil son acumulables, pero el periodo de reclusión no puede exceder los 30 años.
La noticia de esta segunda condena –acompañada de una foto del exmandatario– fue tuiteada de inmediato por el presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, quien durante la campaña prometió que, de ser electo, el exlíder sindical iba a “pudrirse en prisión”.
La presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, denunció de su lado que “la persecución contra Lula no para”.
Para la magistrada Hardt –sustituta del juez anticorrupción Sergio Moro, ahora ministro de Justicia de Bolsonaro– la implicación de Lula en el gigantesco engranaje delictivo era clara, como explica en su decisión de 287 páginas.
