Diez días después de que fuera destapada la investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), funcionarios fiscales de primer nivel de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G-20 se reunieron en París para intercambiar información a propósito de los reportajes periodísticos.
Hasta la sede de la OCDE en el distrito XVI de París, un barrio burgués situado a la derecha de la ribera del Sena, llegaron desde primera hora de la mañana representantes de los 46 países que conforman el Foro Mundial de Administración Fiscal. Las sesiones de trabajo, que duraron todo el día, sirvieron para detectar las fallas en los sistemas de recaudación de impuestos e implementar un sistema de cooperación e intercambio de información que contraste la fuga de capitales.
Los máximos responsables de los sistemas tributarios de los gobiernos más ricos del mundo dialogaron durante horas sobre las revelaciones relacionadas con la firma Mossack Fonseca y constataron que los paraísos fiscales han sobrevivido, sin apenas rasguños, a las promesas políticas de mayores controles en la lucha contra la evasión fiscal.
“Se trata de tener una visión de conjunto sobre los mecanismos de evasión fiscal. Muchos países tienen informaciones. Hay que saber quién tiene qué, y cómo podemos ponernos a trabajar juntos”, explicó antes de la cita al periódico Australian Financial Review el responsable del sistema tributario de Australia, Chris Jordan.
Jordan es el presidente de turno de la Unión Internacional de Información y Colaboración sobre Paraísos Fiscales, el organismo dependiente del Departamento Fiscal de la OCDE que organizó en última instancia esta reunión de urgencia. Su misión es proporcionar un foro de intercambio de información y colaboración en la detección de riesgos de cumplimiento -en el marco jurídico- de los convenios fiscales intergubernamentales.
La OCDE no tiene permiso legal para acceder a la información directa emanada de los más de “11 millones de documentos referidos a 210 mil empresas en 21 paraísos fiscales o países opacos” y solo puede hacerlo a través de los reportes en prensa, según aclaran desde el propio organismo. Sin embargo, dispuso esta reunión -de carácter técnico y estrictamente confidencial- para que los países participantes identificaran a partir de las revelaciones de la firma Mossack Fonseca las principales deficiencias del sistema de recaudación de impuestos para evitar en el futuro la evasión fiscal.
“En todos los países no es legal acceder a esa información, porque se trata de una filtración de documentos entre los abogados y sus clientes. Hay países más estrictos en leyes sobre privacidad que invalidan el uso de documentos intervenidos ilegalmente”, señalan fuentes expertas en política fiscal.
Además, revelaron que en la cita se pusieron las bases para gestionar la información revelada en la investigación global coordinada por el ICIJ para ver “qué se puede aprender y corregir para el futuro” para evitar fraudes en la fiscalidad.
Estas mismas fuentes detallaron que la reunión no se centró en valorar el grado de trasparencia de Panamá, pero revelaron que hubo voces críticas que alzaron la voz contra la ambigüedad del país en la implementación del intercambio automático de información fiscal exigido por la OCDE.
“Panamá debe pasar de la retórica a la práctica. Los reclamos retóricos de sus dirigentes deben estar en consonancia con la tendencia mundial hacia la trasparencia”, recalcaron.
Al acabar la reunión, la OCDE emitió un comunicado en el que informó que “cada administración tributaria se ocupará de llevar a cabo el correspondiente seguimiento, en conformidad con sus disposiciones legales y reglamentarias, y en el marco de los acuerdos de intercambio de información tributaria que los gobiernos tienen suscritos entre ellos”.
EL FIN DEL SECRETO
En 2009, el entonces presidente francés Nicolás Sarkozy manifestó en la cumbre del G-20, celebrada en Londres, que “la época del secreto bancario se ha terminado”.
Fue la primera reunión de los países más ricos del mundo que se cerró con decisiones contra los territorios que permiten a sus bancos y entidades financieras proteger y mantener confidencial la información sobre sus clientes.
Las medidas adoptadas desde entonces han sido más bien retóricas y lograr una mayor transparencia en las finanzas mundiales y acabar con los paraísos fiscales es todavía un desafío.
Por su parte, el experto independiente de la ONU sobre deuda externa y derechos humanos Juan Pablo Bohoslavsky pidió el fin del sigilo bancario, aduciendo que la evasión de impuestos y el lavado de dinero socavan la justicia y privan a los gobiernos de los fondos necesarios para desarrollar la democracia en plenitud.
En declaraciones a La Prensa, Bohoslavsky exclamó que es el momento de “avanzar en medidas que tiendan al intercambio automático de información tributaria, con el fin de prevenir la ocultación de activos y flujos de ingresos extraterritoriales”.
Para el especialista argentino estos delitos “atentan contra los derechos humanos”, porque “privan a los Estados de los fondos necesarios para la realización efectiva de los derechos sociales y económicos”. A este respecto explicó que al no disponer de todo el dinero recaudado con los impuestos, los gobiernos son forzados a “buscar ingresos a través de mayores impuestos o endeudamiento público” para implementar políticas fiscales eficaces.
“En no pocas ocasiones la evasión fiscal consolida la desigualdad económica en los países. La idea misma de evasión erosiona el Estado de derecho y la legalidad. Todo ello socava el funcionamiento del sistema democrático”, recalcó.
Bohoslavsky -que presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para reclamar el levantamiento del secreto bancario- señaló que las revelaciones de la investigación global compartida con más de 100 medios por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación “demuestran cómo las corporaciones, los ricos y los políticos han ocultado sus activos sistemáticamente en más de 20 jurisdicciones de ultramar”.
Por ello, el experto de la ONU urgió a dar una respuesta legal que obligue globalmente a “revelar públicamente la información sobre la propiedad efectiva, a fin de eliminar la posibilidad de titularidad anónima de empresas, fideicomisos y fundaciones”.
Asimismo, instó a que los Estados exijan a las instituciones financieras que “rindan cuentas” de su papel en la facilitación de la evasión fiscal. “A largo plazo, el sistema por el que se grava a las filiales de una empresa transnacional como entidades separadas debería sustituirse por otro en el que cada empresa transnacional tribute como una empresa única”, señaló finalmente
