El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, respondió a la negativa de la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, de que el organismo realice una misión de observación a los comicios del próximo 6 de diciembre.
En una carta le cuestiona que sus argumentos para negar la veeduría son políticos y la urge a cumplir con su deber moral y legal de ponerse al frente de las garantías que exigen los partidos, sean de oposición o de gobierno.
Almagro enumera una serie de razones por las que considera que en este momento no hay razones para creer que las condiciones en las que el pueblo va a ir a votar el 6 de diciembre van a ser de transparencia y justicia electoral, y le conmina a que a pesar de que los efectos negativos persistan, está a tiempo de corregir las dificultades que expresa en su misiva.
GARANTÍA
La Organización de Estados Americanos (OEA) le recordó al Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) su responsabilidad de garantizar un proceso electoral justo y transparente, no solo para los partidos de gobierno, sino para los de oposición.
En una carta llena de argumentos y llamados de atención directos, el secretario general del organismo, Luis Almagro, le dice a Tibisay Lucena, presidenta del CNE, que “existen razones para creer que las condiciones en las que el pueblo va a ir a votar el 6 de diciembre no están en estos momentos garantizadas al nivel de transparencia y justicia electoral que desde el CNE debería garantizar”.
Asimismo, le aclara que no es injerencia de la OEA velar por la justicia y la transparencia de las elecciones, sino su obligación. “Injerencia sería si yo desatendiera reclamos justos y fundados, si mirara para otro lado ante esta situación. En tal caso estaría siéndolo por omisión, porque por mi inacción estaría dejando llevar adelante medidas que afectan a candidatos y que de tal manera, afectan posibilidades de que todos los ciudadanos elijan libre y plenamente”, apuntó.
La misiva, que tiene fecha de ayer y fue divulgada por Almagro a través de su cuenta de Twitter, enumera lo que él califica como fundamentos de sus insistentes ofrecimientos de observación electoral, basado en la exigibilidad de condiciones y garantías de justicia electoral. Así, comienza por señalar que ha sido advertido de que la oposición venezolana no ha gozado de condiciones de participación equitativas en la campaña electoral; que la ausencia de topes o controles al gasto de campaña significa que los candidatos del Gobierno pueden y utilizan recursos del Estado, incluidos a los servidores públicos, para la campaña; que no hay igualdad de condiciones para todos los postulantes para la promoción de sus candidaturas y sus propuestas en los medios de comunicación y que para esto el oficialismo utiliza los recursos que administra como gobierno nacional.
El representante de la OEA también afirma que le ha sido notificado que en la papeleta electoral se ubicó al lado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) al partido Movimiento de Integridad Nacional (MIN-Unidad) –intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia tras ser expulsado de la MUD y que inscribió candidatos de forma autónoma– y que además de las similitudes en colores y símbolos entre ambos colectivos, a última hora MIN-Unidad inscribió como candidato a diputado a un obrero de 28 años sin militancia política que tiene el mismo nombre de un conocido dirigente opositor. Por si quedara alguna duda de la confusión que puede generar lo anterior en los electores, ambos candidatos quedaron ubicados uno al lado del otro en la papeleta de votación.
Otro argumento que Almagro enumera en su misiva a Lucena se relaciona con las inhabilitaciones de candidatos, las cuales, aduce, solo alcanzan a reconocidos líderes de la oposición, los cuales, la mayoría de las veces no han tenido oportunidad para ejercer una defensa real.
Además, “un nuevo cambio podría afectar la cantidad de diputados opositores: seis estados que concentran el 52% del Registro Electoral solo podrán elegir 64 diputados, mientras que en los 18 restantes se elegirán 100 diputados. En el distrito capital, donde en 2010 se escogieron 13 diputados, esta vez se escogerán 11”, detalló.
Almagro reitera la presidenta del organismo electoral venezolano que si él mirara para otro lado ante el reclamo de la oposición de su país y de la comunidad internacional para que realice una observación electoral en los comicios de diciembre, estaría faltando a sus deberes esenciales. “Si usted no dispone de mecanismos que aseguren una observación que tenga las más plenas garantías para su trabajo, usted está faltando a obligaciones que hacen a la esencia de las garantías que debe otorgar”, indicó.
La aprobación de una misión de observación electoral calificada es una prioridad de la oposición a menos de un mes de los comicios, luego de que el Gobierno vetara la participación de la ONU y de la Unión Europea –y ahora de la OEA– y de que la participación de la Unión de Naciones Suramericanas estuviera en duda hasta hace unos días, cuando fue confirmada, a pesar de las diferencias de criterio de los países miembros por falta de garantías por parte del país.
De hecho, más veedores siguen siendo necesarios, ya que desde 2006 Venezuela reemplazó las misiones de observación por el “acompañamiento electoral”, y estableció a la figura una serie de limitaciones, entre ellas, no hablar con los medios de comunicación o hacer declaraciones hasta que el jefe de la misión se pronuncie, y legalmente están impedidos de hacer denuncias o comentarios sobre el proceso.
Con ocasión de las elecciones, la Conferencia Episcopal de Venezuela emitió un comunicado ayer –disponible en su sitio web– en el que, entre otras cosas, consideró “que la presencia de observadores internacionales ayudará a fortalecer la confianza y la transparencia del proceso” e instó al CNE a “asegurar el cumplimiento de las leyes y normas electorales, el respeto a la opción del elector y al secreto del voto, y facilitar el ejercicio de sus derechos”.
Los obispos también destacaron el “peso” de este ejercicio electoral “para la construcción de una sociedad más democrática y pacífica”, y manifestaron que “todos deberíamos sentirnos llamados a ejercer un derecho inalienable y cumplir con un deber moral” de ir a votar.
El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Chúo Torrealba, reaccionó con beneplácito a la misiva de Almagro. En declaraciones a Venevisión afirmó que “esto significa realmente un cambio, no solamente en los discursos, sino en la conducta de ese organismo”, en alusión al ex secretario general José Miguel Insulza.
Al cierre de esta información Lucena no se había pronunciado a través del sitio web de la entidad, así como tampoco en su cuenta de Twitter. El presidente Nicolás Maduro, que se encuentra de gira en Arabia Saudí, tampoco se había manifestado al respecto de forma oficial o por redes sociales.
Sobre las legislativas también se pronunció el encarcelado líder opositor Leopoldo López, quien a través de una carta divulgada por su esposa en Twitter llamó a votar masivamente y a cuidar el voto de forma pacífica.
“Hecho esto habremos debilitado a esta dictadura con una nueva Asamblea Nacional y desde allí se impulsará el cambio político de quienes hoy usurpan el poder de la república, porque esta Asamblea no solo tiene la responsabilidad de dictar leyes democráticas sino que tiene una responsabilidad histórica: impulsar el cambio político que anhelan todos los venezolanos”, afirmó.
DENUNCIA ANTE LA CPI
Familiares de víctimas solicitaron a la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) iniciar una investigación preliminar por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por altos funcionarios de Venezuela.
La petición, disponible en el sitio lesahumanidadenvenezuela.com, señala que “el presidente Nicolás Maduro e integrantes de su entorno cercano, conocido como Alto Mando Político de la Revolución Bolivariana, diseñó un plan para amedrentar, confrontar, y castigar a la disidencia, y además organizó y participó en la aplicación de dicho plan que generó la comisión de crímenes de lesa humanidad contra la población civil”.
Asimismo, señalan que el Gobierno mantiene una política de persecución judicial contra todo aquel que sea percibido como “fascista”, amenazándolos con ser procesados penalmente, paralizando procesos judiciales, y deteniendo arbitrariamente a disidentes, a través del nombramiento de jueces leales y amenazando a los interinos.
En declaraciones a NTN24, Juan Carlos Vargas, abogado que participó en la elaboración de la petición junto a otros juristas de diversas nacionalidades, en la que también se encuentra el del líder opositor Leopoldo López, expresó que con esta solicitud se espera que se inicie una pesquisa contra Maduro y otros funcionarios, cuyos nombres están en una lista confidencial por temor a represalias contra las víctimas. “Se espera que la averiguación se empiece con carácter de urgencia, puesto que en las actuales circunstancias es imposible evitar, sin que intervenga la CPI, que en Venezuela se produzcan hechos más graves que los que han ocurrido de febrero de 2014 a la fecha”, expresó. Vargas precisó que las pruebas presentadas incluyen declaraciones de testigos, de informes de organizaciones internacionales y oenegés locales e internacionales; así como fotografías de víctimas de asesinato y tortura, entre otras.Aseguró que hicieron un trabajo exhaustivo desde enero pasado, a fin de dar información creíble y sustentada y que la CPI tome en consideración que “estos crímenes se han cometido no como hechos fortuitos, aislados, sino de manera sistemática, como parte de una política de Estado”.
Los delitos de lesa humanidad que se atribuyen en la solicitud presentada ayer son asesinato, tortura, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales de derecho internacional, persecución de un grupo político y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente graves sufrimientos o que atenten contra la integridad física o la salud mental o física.
CIDH concede protección a directivos de medios
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que concedió medidas de protección para 4 de unos 22 directivos de los diarios El Nacional, La Patilla y Tal Cual, que fueron demandados por el presidente de la Asamblea Nacional y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, y quienes las habían solicitado en mayo pasado.
En la Resolución 43/15 del 9 de noviembre de 2015, la Comisión señala que tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por Miguel Henrique Otero (El Nacional), Alberto Federico Ravell e Isabel Cristina Ravell (La Patilla) y Teodoro Petkoff (Tal Cual), la Comisión consideró que la información presentada demuestra prima facie que los solicitantes se encuentran “en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos estarían amenazados y en riesgo”.
En consecuencia, la CIDH le solicitó al Gobierno de Venezuela que “adopte las medidas necesarias para garantizar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión” de Otero, Ravell y Petkoff, “sin ser objeto de actos de estigmatización y hostigamiento en el desempeño de sus actividades periodísticas”. Asimismo, el organismos le pide a Venezuela que “concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y adopte las acciones necesarias para evitar que se repitan los hechos que originaron la presente medida cautelar”.
Según la resolución, los solicitantes le pidieron a la Comisión que el Estado cese los ataques, agresiones y amenazas y la persecución en su contra por ejercer su derecho a la libertad de expresión de manera independiente y crítica; que el Estado adopte las medidas necesarias para evitar daños irreparables, dejando sin efecto los procesos penales que se siguen en su contra por el ejercicio de su labor periodística; que se deje sin efecto cualquier medida restrictiva de su libertad y en consecuencia suspenda cualquier medida de prohibición de salida del país y régimen de presentación judicial que sobre ellos pese.
Cabello denunció a los comunicadores por reproducir una información que difundió el diario español ABC, en la que un capitán de la Armada venezolana lo acusó de ser el supuesto cabecilla de un cartel del narcotráfico que está incrustado en la estructura militar.
Con su demanda, Cabello exige una indemnización por “daños morales” de mil millones de bolívares que, basados en el sistema de cambio complementario de administración de divisas, arroja una cifra a pagar de alrededor de 78 millones de dólares.
