El gobierno de Nicaragua aplicó amplias medidas de represión que se extendieron de las calles a los tribunales durante los cuatro meses de protestas contra el ejecutivo del presidente Daniel Ortega, apuntó un informe de Naciones Unidas publicado el miércoles.
El reporte de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó al ejecutivo Ortega a detener de inmediato la persecución a los manifestantes y a desarmar a los civiles enmascarados que fueron responsables de muchos de los asesinatos y detenciones arbitrarias.
Más de 300 personas murieron desde mediados de abril a consecuencia de la violencia en la nación centroamericana. A la vecina Costa Rica llegaron miles de peticiones de asilo de personas que huyen del país.
El informe describió detenciones ilegales, torturas y la celebración de juicios a puerta cerrada. Médicos, profesores y jueces que se mostraron críticos o protestaron fueron cesados de su trabajo para disuadir a la población de participar o respaldar las protestas.
“El nivel de persecución es tal que muchos de los que han participado en las protestas, defendido los derechos de los manifestantes, o simplemente expresado una opinión disidente, se han visto forzados a esconderse, han abandonado Nicaragua o están tratando de hacerlo”, apuntó el informe.
El máximo responsable de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, dijo a reporteros en Ginebra que la "represión y las represalias contra los manifestantes siguen en Nicaragua mientras el mundo mira hacia otro lado”. Además, instó a la comunidad internacional a tomar “acciones concretas para evitar que la crisis actual en Nicaragua derive en una agitación social y política más profunda”.
A mediados de abril, jubilados y estudiantes salieron a la calle para protestar contra los recortes en la Seguridad Social decretados por Ortega. Enfrente se toparon con la violencia de los jóvenes partidarios del gobierno y de la policía antimotines. El dirigente retiró los cambios, pero los manifestantes exigieron entonces su renuncia.
Estudiantes universitarios de todo el país lideraron las protestas y tomaron el control de varios campus. En julio, el gobierno movilizó a fuerzas civiles fuertemente armadas que trabajaron con la policía para despejar las barricadas levantadas en autovías estratégicas y en algunos vecindarios.
Además, hubo un breve dialogo entre gobierno y opositores, pero Ortega acusó a los obispos que mediaron en el proceso de formar parte de una conspiración para un golpe de Estado y los contactos no se reanudaron. El presidente culpó a agentes internacionales y a enemigos internos de conspirar para derrocar a su ejecutivo. El mandatario dijo que no dejará el cargo antes del final de la legislatura en 2021.
Las protestas siguen, pero son más pequeñas ya que los líderes estudiantiles fueron detenidos o forzados a esconderse o exiliarse.
“En la actualidad, no existen las condiciones para el ejercicio libre y seguro de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica”, apuntó el reporte de la ONU.
Las detenciones arbitrarias se realizan sin órdenes de arresto o cateo, según Naciones Unidas. Los detenidos suelen estar incomunicados durante días hasta que sus familias averiguan donde están retenidos.
