La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha urgido a Panamá que retome el diálogo político que finalizó el año pasado para la aprobación de una ley que contemple una educación sexual y reproductiva integral, dirigida a adolescentes en el currículo escolar obligatorio.
Esta es una de las conclusiones del extenso informe de más de 40 recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño hizo a Panamá tras la evaluación a la que sometió su regulación jurídica y distribución presupuestaria.
La ONU ha observado fallas que obstaculizan al Gobierno de Panamá su cumplimiento con los estándares de la Convención de los Derechos del Niño, un tratado internacional que el país firmó y ratificó en 1990.
El organismo internacional ha subdivido su informe en varios ámbitos “respecto a los cuales deben tomarse medidas urgentes”, según el documento de conclusiones.
Las áreas defectuosas que deberán suplir sus carencias son –según la ONU– la legislación, la realidad relativa a la discriminación, la violencia, el abuso, la negligencia y explotación sexual, la salud de los adolescentes, la educación y la administración de justicia juvenil.
La ONU también ha invitado al Gobierno a adoptar “una estrategia de comunicación global” que sea sensible a la materia de “género” y la “salud sexual y reproductiva”, que se dirija a “adolescentes, padres y a la sociedad en general”, con el objetivo de proporcionar “respuestas gratuitas y confidenciales” para prevenir el embarazo temprano y las infecciones de transmisión sexual.
A este respecto también ha instado a “garantizar a los adolescentes un fácil acceso a anticonceptivos asequibles”, a “despenalizar el aborto en todos los casos”, así como a “asegurar que las niñas tengan acceso a servicios seguros de aborto y postaborto y revisar la legislación para salvaguardar a los intereses de las niñas embarazadas y garantizar que sus opiniones siempre se escuchen y reciban debido consideración” en estos casos.
Sobre el sistema educativo en general, el organismo con sede en Ginebra (Suiza), se ha mostrado preocupado ante el “lento progreso” en la cobertura educativa en los niveles preescolar y básico,y especialmente ante “el aumento general en la deserción escolar”. Bajo esta óptica, también observan una “tasa de matrícula muy baja” en niños indígenas, especialmente en educación secundaria y superior y lamentan que la asignación presupuestaria para la educación cristalice en una infraestructura educativa insuficiente y en una baja preparación de los docentes. “Los ingresos económicos familiares siguen siendo un factor determinante en el abandono escolar”, han lamentado los expertos.
Panamá deberá presentar el próximo informe en el que dé cuenta de sus avances en esta materia el 10 de enero de 2023.