La investigación oficial por la desaparición de 43 estudiantes mexicanos en 2014 volvió a ser cuestionada. Ahora la ONU asegura que está basada en declaraciones obtenidas bajo tortura, pide que tales pruebas sean excluidas del caso y apunta a que funcionarios federales habrían sido los autores y encubridores de esas prácticas.
Un informe de la oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas divulgado este jueves 15 de marzo señala que hay “fuertes elementos de convicción” de que fueron torturados 34 de los 129 procesados por la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Los testimonios de muchos de estos detenidos fueron clave para sustentar la versión oficial de los hechos. El documento agrega que fuerzas federales —policías, investigadores y/o marinos— habrían sido los autores de dichas torturas y subraya que todas esas prácticas ocurrieron a partir de que la fiscalía federal atrajo el caso, no cuando estaba en manos de autoridades estatales.
También indica que aunque la ONU y otras organizaciones habían advertido las irregularidades en la investigación a las autoridades, éstas no hicieron nada al respecto. Ante esta situación, además de pedir que se aclaren las denuncias por violaciones a los derechos humanos, la ONU solicita al Poder Judicial y la fiscalía “excluir o declarar nulas de oficio todas las pruebas cuando existan razones fundadas de haber sido obtenidas bajo tortura”. “No se puede resolver una grave violación de derechos humanos con otras violaciones”, sentenció su representante en México, Jan Jarab, al presentar el documento.
De anularse esas 34 declaraciones, la versión oficial de la desaparición de los 43 estudiantes —calificada por el exprocurador Jesús Murillo Karam como “verdad histórica”— podría quedar sin fundamento, ya que no se conocen otras pruebas que la avalen aunque la fiscalía dice disponer de ellas. La tesis oficial sostiene que después de que los estudiantes fueran atacados el 26 de septiembre de 2014 por policías locales en la localidad de Iguala, al sur de México, los agentes los entregaron a un grupo del crimen organizado que los quemó en un basurero y tiró sus restos a un río cercano.
Un grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que trabajaron durante un año en el país echó por tierra en 2016 esa versión porque, a su juicio, carecía de pruebas científicas que la sustentaran y estaba basada fundamentalmente en testimonios de 17 detenidos en los que ellos ya habían encontrado fuertes indicios de tortura.
El nuevo informe de la ONU eleva a 34 el número de afectados por estas prácticas y exhibe evidencias e incongruencias que avalan las torturas y que están, sobre todo, en los expedientes oficiales, aunque también hicieron entrevistas propias.
Jarab subrayó que el objetivo de su oficina no es valorar ninguna “teoría del caso” porque se trata de un texto “técnico”, sino insistir ante los jueces en que las pruebas obtenidas bajo tortura deben anularse. Si una vez excluidas hay otras evidencias contra los detenidos, el proceso en su contra seguirá. Si no, “deberían salir libres”. “Una persona no puede ser sentenciada solo con una declaración bajo tortura”, apuntó Jarab.
La investigación habla de detenciones “pacíficas y sin resistencia” de muchos procesados que luego mostraron múltiples lesiones y exhibe demoras sin explicación coherente —reiterados fallos mecánicos de los vehículos o manifestaciones inexistentes, entre otros— en la puesta a disposición de los arrestados. Asimismo, agrega que las formas de tortura “coinciden con aquellas identificadas en México” por distintos organismos internacionales.
A Patricio Reyes Landa, por ejemplo, uno de los supuestos autores materiales de la quema de los estudiantes, además de descargas eléctricas, golpes o ahogamiento le amenazaron con matar y violar a sus hijas y su esposa, según el documento. El informe también duda de confesiones “espontáneas” y “por propia voluntad” de detenidos con varias lesiones y acusados de delitos muy graves y denuncia el caso de una persona que estaba con dos de los detenidos y que “habría fallecido a raíz de las torturas infligidas por elementos de Semar [la Secretaría de Marina] que habrían participado en su detención”.
El documento deja claro que la ONU no procesa pruebas “con fines de determinar una responsabilidad penal individual” pero las evidencias que presenta apuntan a que una gran mayoría de las violaciones a los derechos humanos fueron cometidas por personal de la Agencia de Investigación Criminal, dependiente de la fiscalía federal y liderada entonces por Tomás Zerón.
Después de conocerse el informe, el gobierno federal emitió un comunicado. “Preocupa de manera especial” que la ONU “arroje conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación o que se encuentran bajo análisis del Poder Judicial”, indica la nota firmada por la Secretaría de Gobernación, la Cancillería y la fiscalía.
El gobierno insiste en que todas las “presuntas violaciones e irregularidades” que aborda el documento “están siendo debidamente investigadas” o “consideradas” por las autoridades judiciales y asegura que el informe, además de omitir “información relevante” no aporta elementos nuevos “que permitan avanzar en la investigación del caso”.
En la última audiencia ante la Comisión Interamericana el pasado 2 de marzo, los representantes del ejecutivo mexicano indicaron que de todas las denuncias de tortura investigadas hasta el momento sólo dos casos habían arrojado resultados positivos. La fiscalía dijo entonces tener nueva información que ayudaría a explicar el móvil del ataque y adelantó que, en breve, preveía una treintena de nuevas detenciones.
