Además de devolver los dineros ganados ilegalmente en Perú, la empresa constructora Odebrecht negocia con la Fiscalía de la Nación la entrega de información.
En Perú solo se conoce que la empresa pagó 29 millones de dólares en coimas durante tres administraciones presidenciales, sin embargo, los nombres de los funcionarios y allegados a ellos que recibieron esos fondos no se conocen.
Para conocer más información a ese respecto los fiscales peruanos han viajado ya a Suiza y Brasil para recabar los datos sobre los movimientos financieros en Perú.
El periódico Página 12 detalló en su edición de este jueves 5 de enero que la constructora participó en más de 40 proyectos de inversión, los cuales implicaron más de 12 mil millones dólares en gasto público para su ejecución.
El Ministerio Público de Perú investiga desde hace unos meses el caso Lava Jato, que se originó en Brasil y posteriormente se amplió en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló el 21 de diciembre que Odebrecht reconoció que pagó sobornos por 29 millones de dólares a funcionarios del Estado peruano a cambio de lograr contratos entre 2005 y 2014.
Los citados años corresponden a los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
La empresa Odebrecht reconoció haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en 10 países de la región –incluyendo Panamá– y dos de África.
Por otro lado, los medios ecuatorianos también reportaron que un juez ordenó el 3 de enero a las instituciones públicas de Ecuador que se abstengan de sellar contratos con Odebrecht.
Según los informes de las autoridades estadounidenses, la constructora admitió haber pagado 33.5 millones de dólares en coimas a altos funcionarios en Ecuador.
Página 12 recalcó que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, expulsó a la brasileña en 2008 por irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica San Francisco.
No obstante, la compañía brasileña regresó a Ecuador en 2010 para completar la construcción de una nueva fase del metro de la ciudad de Quito.
El gobierno de Correa manifestó, según los medios ecuatorianos, que no aceptara la versión de las coimas sin que Odebrecht presente pruebas.
