La compañía brasileña Norberto Odebrecht, S.A. y el Ministerio Público Federal de Brasil dieron el primer paso para sellar un principio de acuerdo de “delación premiada”, una disposición legal prevista en la regulación penal del país sureño mediante la cual los acusados pueden obtener una reducción de pena a cambio de su colaboración plena en las investigaciones.
Según el diario Folha de S. Paulo, los términos del pacto fueron firmados el pasado 27 de mayo, tras meses de negociación. Las cláusulas del acuerdo estipulan claramente que solo se procederá a la reducción de pena de los ejecutivos de la empresa si la información entregada a los fiscales desvela operaciones ilegales de lavado de dinero y el pago de sobornos a políticos de Brasil, así como fuera del país, a cambio de la adjudicación de obras públicas.
Además de Marcelo Odebrecht –condenado a 19 años de prisión y en la cárcel desde hace casi un año– los fiscales de Brasil también habrían llamado a testificar a su padre, Emilio Odebrecht. En concreto, la empresa brasileña se habría comprometido a detallar oficialmente la operación de financiación ilegal que habría servido para sufragar gastos de campañas electorales, como sobreprecios de obras tanto en Brasil como fuera de sus fronteras.
La propuesta de Odebrecht será tratada con cautela por los fiscales de la Operación Lava Jato. En marzo de este año, el Ministerio Público Federal de Brasil rechazó un acuerdo con Odebrecht al considerar una farsa la repentina actitud colaborativa del expresidente del coloso de la construcción brasileña.
Esa vez, los fiscales reiteraron que los acuerdos de reducción de pena y colaboración premiada solo son válidos “con la completa revelación, por parte de los imputados, de los delitos que ya son investigados, así como con la indicación plena de otras ilegalidades que fueron cometidas sin ser conocidas por las autoridades judiciales y reparando lo más rápido posible todas esas ilegalidades”.
¿RELACIÓN CRIMINAL?
La mayor investigación sobre la corrupción en la élite política y empresarial de Brasil, que comenzó hace casi dos años, apunta a presuntas relaciones de criminalidad en torno a un triángulo de relaciones viciadas formado por el publicista João Santana, su esposa y socia, Mónica Moura, y Marcelo Odebrecht.
El matrimonio del llamado gurú de la política en Latinoamérica –responsable de las campañas de candidatos presidenciales victoriosos y perdedores, como la suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, o José Domingo Mimito Arias de Cambio Democrático– fue imputado por la justicia por haber recibido unos $9.7 millones de parte de Odebrecht.
Tanto Santana como su esposa fueron trasladados a principios del mes pasado de la cárcel de la Policía Federal en Curitiba –donde cumple condena Marcelo Odebrecht– al Complejo Médico Penal donde van los delincuentes comunes, debido a un problema de espacio y ante la posibilidad de que haya más detenidos en los próximos días en relación a Lava Jato.
En las acusaciones referidas a las fases 23 y 26 de Lava Jato se divulgaron documentos que evidenciaron transferencias de unos $3 millones a cuentas bancarias en Suiza, de la offshore Shellbill Finance –constituida en Panamá– provenientes de Odebrecht.
Además, se contabilizan 45 pagos hechos en Brasil, en especie, realizados entre el 24 de octubre de 2014 y el 22 de mayo de 2015, que suman $6.7 millones. Estos últimos pagos se materializaron cuando Odebrecht estaba formalmente siendo investigada por los fiscales de Brasil.
Para los investigadores, es indudable que durante la gestión de Marcelo Odebrecht se afianzó la corrupción como modelo de negocios y se ejecutó un sistema profesional de pagos de coimas. De hecho, en la acusación se señala en varias ocasiones la relación criminal “fuerte” y “reiterada” entre Mónica Moura y su marido João Santana con el Grupo Odebrecht, en particular, con su entonces presidente, Marcelo Odebrecht.
En el registro policial realizado en la casa de la secretaria del departamento encargado de organizar las entregas de coimas en especie, fueron encontradas planillas en las que se indicaban el pago de “ventajas indebidas” en favor de Mónica Moura y João Santana, señalan los fiscales. Además, establecen que quedó evidenciado que el empresario responsable de los pagos corruptos era Marcelo Bahia Odebrecht, identificado con las siglas MBO.
La relación entre el expresidente de Odebrecht y el matrimonio Santana-Moura en las tratativas de coimas destinadas a mantener el esquema de corrupción enquistado en Petrobras son –según los fiscales– “más que evidentes”.
ESQUEMA PROFESIONAL
El documento judicial determina que a través del Sector de Operaciones Estructuradas, cuyo nombre real era “Departamento de Coimas”, se pagaron sobornos de manera constante.
Según los fiscales, para el funcionamiento de este “esquema profesional” se adoptaron medidas destinadas a que los pagos ilícitos no fueran descubiertos. Para ello, se usó el software My Web Day, concebido para determinar la contabilidad de las coimas, o un programa de comunicación entre directivos de Odebrecht, a través de códigos encriptados y accesible solo a las personas implicadas en la actividad ilícita, mediante el programa Drousys.
Además de Santana, su esposa y Marcelo Odebrecht, hay otros 14 acusados. Entre ellos, un ejecutivo del conglomerado, de nombre Fernando Migliaccio da Silva, actualmente detenido en Suiza. Según los fiscales, tenía “un papel fundamental en el movimiento de las cuentas bancarias usadas para lavar dinero o pagar coimas a funcionarios corruptos”.
Según los documentos consultados, Migliaccio da Silva poseía “poderes de administración en cuentas bancarias de la sociedad Constructora Internacional del Sur”, usada por Odebrecht para el pago de coimas.
Los fiscales también mencionan a Olivio Rodrigues, que prestaba servicios financieros al grupo Odebrecht para el desempeño de actividades ilícitas, y a Luiz Eduardo Soares, exejecutivo del coloso de la construcción, implicado en la apertura de cuentas bancarias en el extranjero en nombre de offshore ocultadas a las autoridades brasileñas.
Los funcionarios destacan un viaje de ambos a Panamá, del 5 al 8 de noviembre de 2014. “En lo que se refiere al viaje realizado a Panamá, merece destacar el hecho de que algunas offshore utilizadas por Odebrecht para el lavado de dinero y el pago de coimas tenían la sede precisamente en Panamá, como en el caso de Constructora Internacional del Sur”, subrayaron.
“Vemos claramente que el objetivo del viaje fue profesional y que probablemente se destinó a resolver los problemas relacionados con las cuentas bancarias de la offshore Constructora Internacional del Sur”, concluyen.
Esta sociedad fue creada en Panamá el 11 de octubre de 2006 y disuelta el 25 de agosto de 2014. Varios exdirectivos de Petrobras recibieron pagos de hasta $3 millones, con fondos que provenían de cuentas bancarias de esta sociedad. Pero, sigue siendo un misterio el destino final de los más de $40 millones restantes que arribaron a sus cuentas.
Los fiscales brasileños remitieron una rogatoria a Panamá en marzo de 2015 con preguntas sobre el destino del dinero. Brasil se queja de que Panamá no colabora con la investigación, mientras que la Procuraduría asegura que sí.
