Organizaciones de derechos humanos denunciaron hoy intentos por "difamar" a los expertos de la CIDH que investigan la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México en septiembre de 2014, mientras la fiscalía pidió no adelantar conclusiones sobre el caso.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado a petición del Gobierno mexicano, las familias de los desaparecidos y representantes legales de las víctimas, ha llevado a cabo una "investigación muy profesional", destacaron en un comunicado.
"Estamos profundamente preocupados por los recientes intentos de algunos grupos por difamar al GIEI y a las organizaciones de derechos humanos que representan a los estudiantes y sus familias, y por criminalizar a las víctimas del ataque y a sus compañeros de clase", expresaron las agrupaciones.
"Estos esfuerzos suman dolor innecesario a un caso ya vergonzoso, desvían la atención de la investigación misma y buscan deslegitimar la presencia del GIEI, así como la búsqueda de justicia de los familiares, denunciaron.
Las Oenegés, entre ellas Amnistía Internacional (AI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Fundación para el Debido Proceso, celebraron la transferencia del caso a la Subprocuraduría de Derechos Humanos y la creación de un nuevo equipo de investigadores.
"Si bien reconocemos (...) estos pasos positivos, nos preocupa que algunas corrientes dentro del mismo Gobierno mexicano continúan resistiéndose a la apertura de nuevas líneas de investigación e insisten en la validez de los hallazgos originales", señalaron.
Las organizaciones dijeron estar preocupadas porque el GIEI aún no ha podido entrevistar a los soldados del batallón de Iguala, la ciudad donde desaparecieron los jóvenes la noche del 26 de septiembre de 2014, y pidieron "la plena cooperación" del Gobierno en la investigación del caso, incluyendo la del Ejército.
Aseguraron que el Gobierno aún tiene la oportunidad de "mostrar liderazgo" y apoyo a la investigación del caso a través de la cooperación con el GIEI y la entrega de los recursos humanos y financieros necesarios para que la nueva unidad haga "eficazmente su trabajo".
Ello "demostrará su nivel de compromiso para lograr la verdad y la justicia en este caso emblemático y para avanzar la protección de los derechos humanos en el país", apuntaron.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) reiteró que el esclarecimiento de este caso "es una prioridad para el Estado" y pidió no adelantar conclusiones sobre lo ocurrido la noche del 26 al 27 de septiembre pasado en el basurero de Cocula.
Destacó que acordó con el GIEI realizar un nuevo estudio del fuego en el basurero, aledaño a Iguala y donde los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados por miembros del cártel Guerreros Unidos, según la versión de la PGR.
En la elaboración de dicho peritaje participará "un grupo colegiado de especialistas de reconocido prestigio internacional, quienes comenzarán su trabajo en las próximas semanas", indicó la PGR.
Explicó que la necesidad de elaborar este estudio surgió después de que el GIEI concluyera, a partir de un peritaje realizado por el experto en incendios José Torero, que no había evidencias científicas que confirmaran que los 43 alumnos de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron quemados en el basurero.
El objetivo es hacer "un análisis exhaustivo en esta materia para que se establezca una posición científica definitiva al respecto", apuntó la PGR, que consideró "indispensable agotar el estudio de todos los elementos (...) sin adelantar ninguna conclusión".
Así, la institución reiteró "su respecto al trabajo del GIEI", pero le pidió no hacer una "revisión aislada de imágenes satelitales y meteorológicas, sin considerar integralmente otros elementos".
En una conferencia del prensa el lunes, los expertos de la CIDH dijeron que imágenes satelitales de un centro de meteorología revelaron que los días 26 y 27 de septiembre de 2014 solo hubo un incendio en el estado de Guerrero, pero no en la zona de Cocula.
EL GIEI, que a finales de octubre inició un segundo mandato de seis meses, está integrado por el español Carlos Martín Beristain, los colombianos Alejandro Valencia y Ángela Buitrago, el chileno Francisco Cox y la guatemalteca Claudia Paz.
