La oposición venezolana advirtió este viernes que llegó la hora de las definiciones tras la suspensión del proceso de referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, que denunció como una ruptura del orden constitucional.
"El miércoles (...) va a ser el inicio de una movilización en todo el país, vamos a tomar Venezuela de punta a punta, todo el pueblo movilizado para restituir el hilo constitucional", anunció el dirigente opositor Henrique Capriles en rueda de prensa de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Junto a los máximos dirigentes de la MUD, Capriles informó que además la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, sesionará de urgencia el domingo para "tomar decisiones", porque Maduro, quien se encuentra de gira por el Medio Oriente, está "en desobediencia de la Constitución".
"En Venezuela se dio un golpe de Estado, no se puede calificar de otra forma. Llegó la hora de defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", manifestó el excandidato presidencial, el principal promotor del revocatorio.
Asimismo, el sábado marchará en Caracas un grupo de mujeres que se hacen llamar las "resteadas" (valientes), encabezadas por Lilian Tintori, esposa del opositor preso Leopoldo López.
La coalición definió esa estrategia tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), anunciada la noche del jueves, de postergar el recaudo de cuatro millones de firmas (20% del padrón de votantes), previsto entre el 26 al 28 de octubre, como último paso para la convocatoria al referendo.
El CNE, al que la oposición acusa de aliado del gobierno al igual que la justicia, justificó la decisión en el acatamiento de fallos de tribunales penales que anularon en cinco Estados, por "fraude", la recolección de firmas del 1% del padrón, que dio inicio a la solicitud del revocatorio.
La MUD estaba segura de superar holgadamente el 20% de firmas exigido, en medio de un creciente malestar popular por la grave crisis económica que azota al país petrolero, con una aguda escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que el FMI calcula en 475% este año.
Maduro, elegido en abril de 2013 tras la muerte de su mentor Hugo Chávez y cuyo mandato concluye en enero de 2019, enfrenta una impopularidad del 76.5% y el 62.3% votaría por revocarlo, según la firma Datanálisis.
Capriles calificó la decisión electoral y judicial de muy "peligrosa": "No queremos que este país termine en un estallido social y el referendo ha sido contención para que no se dé", advirtió.
"Ojalá que la Fuerza Armada haga también valer la Constitución", dijo Capriles, quien tiene una prohibición de salida del país al igual que otros siete opositores.
Henry Ramos Allup, presidente del parlamento, estimó que los chavistas decidieron "asesinar el referendo" antes que enfrentar "al gentío" (las multitudes) que iba a firmar la próxima semana.
El CNE había adelantado que el referendo, si se cumplía con el 20%, se haría en febrero o marzo de 2017. Demasiado tarde para la oposición, ya que en ese caso, según la Constitución, el presidente revocado cede el poder a su vicepresidente, sin llamado a nuevas elecciones.
Pero la oposición estaba confiada en que una masiva presión ciudadana por el referendo obligaría al CNE a realizarlo este año y lograr así elecciones anticipadas."La suspensión del referendo aumenta los riesgos de protestas de desestabilización en Venezuela", que pueden "degenerar en violencia" y represión militar, opinó Diego Moya-Ocampos, analista del IHS Markit Country Risk, con sede en Londres.
La gran duda sigue siendo qué margen de acción tiene la MUD, dado que las marchas por el referendo han tenido tímida participación, con excepción del pasado 1 de septiembre, cuando aseguran haber reunido un millón de personas.
Ramos Allup anunció que representantes de la MUD viajarán en los próximos días a Washington para pedirle al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, Almagro, que aplique la Carta Democrática Interamericana en Venezuela.
Más temprano, Almagro afirmó que "es hora de tomar acciones concretas" pues se confirma el "rompimiento democrático" en Venezuela, en tanto que Estados Unidos acusó al CNE de "polarizar" e intentar "bloquear" una salida democrática a la crisis.
Desde un inicio, el oficialismo había advertido que cerraría el paso al referendo y hace meses interpuso 8.600 acciones legales contra la recolección del 1% aduciendo que la MUD incluyó firmas de fallecidos, menores de edad y convictos.
Jorge Rodríguez, encargado por Maduro para defenderlo en el proceso, reiteró este viernes a la prensa que el referendo "murió al nacer" porque cometieron el "peor fraude de la historia de Venezuela". "Entramos en una nueva fase, que se aleja más de la democracia integral, la negociación y el respeto institucional", aseguró Luis Vicente León, presidente de Datanálisis.
Para el analista Benigno Alarcón, el gobierno optó por una "peligrosa maniobra de aislamiento y cierre político", pues perdió su "competivitidad electoral" tras la muerte de Chávez y sin recursos. De hecho, los comicios de gobernadores que debían hacerse a fines de 2016 fueron pospuestas para 2017
