La oposición venezolana se propone hacer este sábado su "mayor demostración de fuerza" desde que se volcó a las calles, hace 50 días, para presionar por elecciones generales que saquen del poder al presidente Nicolás Maduro.
Pese a las 48 muertes que dejan las protestas, los opositores convocaron a una nueva marcha que, confían, superará a la del 19 de abril, la más multitudinaria de esta oleada.
"El día 50 de la resistencia daremos la mayor demostración de fuerza de este período", aseguró Juan Andrés Mejía, parte de un grupo de jóvenes diputados que lideran las manifestaciones. El objetivo será "demostrarles a quienes piensan que nos han hecho retroceder, que estamos más activos que nunca, que el pueblo está más comprometido con el cambio", añadió en rueda de prensa.
Desde que empezaron las manifestaciones opositoras el 1 de abril, ha habido cientos de heridos y unos 2 mil 200 detenidos, según la ONG Foro Penal. Al menos 159 de esas personas han sido encarceladas por orden de tribunales militares.
Los adversarios de Maduro denuncian una "salvaje represión" por parte del gobierno socialista, que a su vez los acusa de apelar al "terrorismo" para asestarle un golpe de Estado con financiación de Estados Unidos.
Con gases lacrimógenos y chorros de agua, las marchas opositoras han sido impedidas de llegar al centro de Caracas, ante lo cual jóvenes encapuchados suelen responder con piedras y bombas incendiarias. Pero en los últimos días se multiplicaron las muertes por heridas de bala en hechos vinculados a las protestas, por lo cual son investigados varios policías y militares.
Algunos de esos hechos se han presentado en el estado de Táchira (oeste, fronterizo con Colombia), a donde Maduro ordenó esta semana el envío de 2 mil 600 militares para "preservar la paz", tras violentos disturbios que incluyeron saqueos.
La coalición de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que controla el Parlamento, sostiene que la militarización prueba el temor de Maduro de perder el control de la situación. Analistas coinciden en que, tras más de mes y medio de protestas, el reto de la oposición es mantenerse en la calle pacíficamente.
"El éxito de una protesta depende de su masificación y permanencia", opina Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, quien advierte que si las manifestaciones toman derivas violentas "pierden impacto".
Maduro, considerado el heredero del presidente Hugo Chávez (1999-2013), enfrenta el rechazo de 7 de cada 10 venezolanos, según encuestas privadas, en medio de la devastación económica que se acentuó con la caída de los precios del petróleo a partir de 2014.
El principal apoyo de Maduro es la Fuerza Armada, un actor con enorme poder político y económico que en reiteradas ocasiones le ha expresado "lealtad incondicional". El general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y jefe de la institución, llamó esta semana a los opositores a no equivocarse, pues según él los militares y el gobierno juegan "en el mismo tablero" y no tolerarán el "caos".
Las protestas tomaron combustible además con la convocatoria de Maduro a una Asamblea Constituyente "popular", en la cual la mitad de sus integrantes serían elegidos en sectores controlados por el chavismo. La MUD rechaza la iniciativa por considerar que deja en el limbo su mayor reclamo, las elecciones, pues mientras la constituyente sesione no habría llamado a las urnas y Maduro continuaría en el poder.
Sin embargo, Maduro ha garantizado que en 2018 habrá comicios presidenciales como ordena la ley. De momento están pendientes los de gobernadores, que debieron realizarse en 2016, y para este año están pautados los de alcaldes.
El jueves, el Tesoro norteamericano impuso sanciones económicas a ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acusándolos de usurpar las funciones de la Asamblea, lo que implica el congelamiento de bienes que puedan tener en Estados Unidos.
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, y el presidente de la corte, Maikel Moreno, un exfuncionario de Maduro, repudiaron la medida. Moreno leyó este viernes un comunicado en el que acusa a Estados Unidos de querer "tomar control" de la justicia venezolana.
