Dieciocho de los 33 abogados a los que la mayoría opositora del Congreso de Venezuela designó en julio como magistrados del máximo tribunal de la nación se reunieron este viernes 13 de octubre para instalar lo que ellos denominan un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio.
Los venezolanos participaron en una ceremonia de juramentación celebrada en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero el organismo retiró previamente su bandera, logotipo y otros símbolos alegóricos. Ninguno de los 34 estados miembros envió su embajador a la ceremonia.
The Associated Press solicitó un comentario a la embajada de Venezuela —que en abril inició un trámite de dos años para abandonar la OEA— sin obtenerlo de inmediato.
El secretario general del organismo, Luis Almagro, calificó como “esencial” recibir a quienes llamó “magistrados” porque “tenemos que reconstruir en Venezuela la democracia, el estado de derecho y la justicia”.
Hoy en la ceremonia d instalación del Tribunal Supremo de Justicia de #Venezuela en el exilio #OEAconVenezuela pic.twitter.com/amuGqWYpUQ
Almagro, quien ha denunciado una alteración del orden democrático en la nación caribeña, agregó que el Tribunal Supremo de Justicia afín al gobierno del presidente Nicolás Maduro “definitivamente está deslegitimado por sus abusos y arbitrariedades contra el estado de derecho y contra los derechos de todos los venezolanos”.
Maduro acusó a los 33 abogados de usurpación de funciones públicas. Uno de ellos se encuentra actualmente bajo libertad condicional en Venezuela, otros dos renunciaron y el resto se encuentra exiliado en Colombia, Chile, Panamá y Estados Unidos.
Miguel Ángel Martín dijo a periodistas que ejercerá la presidencia del llamado tribunal en el exilio y que su misión principal será “la separación de poderes en Venezuela y rescatar la credibilidad de los poderes públicos, en especial del sistema de justicia”.
Martín agregó que planean pronunciarse ante denuncias de ciudadanos venezolanos y buscarán apelar al derecho internacional público para lograr el cumplimiento de sus decisiones.
Adelantó que el ente tendrá una oficina permanente en la capital estadounidense y rehusó precisar el presupuesto anual que requerirá su funcionamiento ni el origen de su financiamiento. Ningún gobierno ha reconocido hasta el momento la jurisdicción del llamado tribunal supremo en el exilio.
En Miami, un grupo de venezolanos dijeron haber interpuesto este viernes un recurso ante este llamado tribunal, pidiendo la suspensión o nulidad por inconstitucionalidad de las elecciones de gobernadores del 15 de octubre porque fueron convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, dominada por el oficialismo.
Los denunciantes alegan que la convocatoria a elecciones fue inconstitucional y que los comicios carecen de garantías como la transparencia y la imparcialidad. La constituyente asumió en agosto las competencias legislativas del Congreso y lo dejó prácticamente inoperante.
