Organizaciones denuncian concentración de medios de comunicación en la región

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cuestionó a los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela por mantener un amplio control de medios de comunicación, restringiendo así las libertades de prensa y expresión.

Estos señalamientos fueron expuestos por una delegación de la SIP, que participó en la audiencia “Diversidad, pluralismo y concentración de medios de comunicación en las Américas”, celebrado hoy, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos.

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, recalcó que la organización se opone a la existencia de monopolios u oligopolios, tanto públicos como privados, “en los exactos términos que establece el artículo 12 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión”. Advirtió que en algunos países de la región, “desgraciadamente el poder político es el mayor factor de distorsión en la materia”.

Paolillo reconoce que “en teoría” cualquier puede fundar un medio de comunicación. No obstante, advierte que cuando se trata de concesiones de frecuencias, el Estado y el poder político se hacen presentes “y muchas veces en la administración de esos instrumentos, han distorsionado y han pervertido el sistema”.

“En algunos casos, han asignado un tremendo poder mediático a operadores privados. En otros, han creado verdaderas redes progubernamentales mediante testaferros y amanuenses, a veces aliados a medios estatales. Y en los más extremos han pasado todo a propiedad del Estado”, remarcó Paolillo, quien estuvo acompañado por Danilo Arbilla y Diana Daniels, expresidentes de la SIP; Lourdes de Obaldía y Roberto Rock, vicepresidentes de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP; Martín Etchevers, de las comisiones de legal y contra la impunidad de la SIP, y José Antonio Miró Quesada y Ricardo Trotti, socio y director ejecutivo de la organización, respectivamente.

Contó que en Ecuador, hasta marzo de 2015, el gobierno contaba con 28 medios de comunicación, 14 de ellos incautados. En Nicaragua, la familia presidencia Ortega-Murillo controla siete canales –uno de ellos por cable-, y el empresario mexicano Ángel González “se quedó” con el Canal 7; también tiene los canales 9, 10 y 11 y tres emisoras, espacios en los que no permite críticas al gobierno.

Ángel González también detenta un “monopolio privado” en Guatemala: de los seis canales de televisión abierta, controla cuatro. Los dos restantes, pertenecen al Estado y casi no transmiten. González también controla un amplio número de emisoras, que utiliza para enviar mensajes que incluyen ataques a periodistas y opositores al gobierno. En febrero de 2014, una misión de la SIP pudo comprobar cómo operan los medios de González, al ser víctima de una campaña de agravios e insultos.

En Argentina, el gobierno utilizó el argumento de la “desconcentración” para impulsar una “ley de servicios de comunicación audiovisual”, pero desde que esta norma fue aprobada, en el 2009, solo se ha aplicado al Grupo Clarín, que tiene una marcada línea crítica al gobierno.  Y en Bolivia, el gobierno -a través del Ministerio de Comunicación- opera una red de más de 130 “estaciones comunitarias” de radio y adquirió medios impresos con fondos públicos y recursos procedentes de Venezuela.

Por su parte, el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), que también participó en la audiencia en la CIDH, advirtió que ante la concentración, “muchos sectores de la sociedad civil no se ven representados ni pueden fundar un medio”.

“Estamos en un momento clave en la región porque en los procesos de convergencia tecnológica se están multiplicando plataformas, pero por desgracia no se está multiplicando la diversidad de voces. Estamos viendo el mismo discurso, pero repetido en diferentes plataformas”, señaló Aleida Callejas, de Observacom.

Javiera Olivares, que participó en la audiencia como presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, mencionó que en varios países del área se discuten normas para limitar la concentración de medios, aunque remarcó que “no es cierto que baste la libertad de mercado para garantizar que todos tengan posibilidad de poner medios de comunicación. Si así fuera, existirían muchísimos más periódicos, radios y canales de televisión, cuando en realidad la tendencia es todo lo contrario, se sigue concentrando”.

“Existe alta concentración en manos privadas y muchas veces no hay suficiente regulación. El Estado no mira suficientemente esta regulación para garantizar este derecho”, remarcó Olivares.

En tanto, Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), en Colombia, instó a la CIDH a hacer recomendaciones sobre cómo proceder a “desconcentrar” los medios de comunicación y combatir oligopolios.

“Es un proceso que ya está en curso. Distintos países han promovido leyes. La pregunta es si esas legislaciones son compatibles con los estándares internacionales de libertad de expresión”, mencionó.

Vaca solicitó que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH brinde “asesoría técnica y acompañamiento” a los Estados que quieran promover la regulación de medios.

En la audiencia también estuvieron presentes representantes del Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia (Demos), la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública e Intervozes de Brasil.